Lo peor es que mucha gente, si no hay multa, no se considera obligada por la ley, menos aún a respetar a los demás. Una lástima. Una lástima, porque de ello se aprovechan las autoridades. Y ¡cómo se aprovechan! Aunque el gobierno haga leyes para callar al ciudadano y rebajarlo a súbdito, leyes rechazadas por la moral, la equidad, la honradez, el Consejo de Europa y la ONU; por simple dignidad humana, los ayuntamientos que se consideren democráticos no deberían utilizarlas, ni permitir que ningún estamento propio se aproveche de ellas. Por el contrario, debería imbuir a los agentes de la autoridad bajo su mando la idea de servicio, muy por delante de la de recaudación. Cuando un policía local aplica una ley injusta, máxime una tan discutida como la “ley mordaza” o el Cógido de Justicia recientemente reformado, es el Ayuntamiento correspondiente quien la está aplicando, aunque por efecto legal sea “solidariamente”.
Lo peor de todo es que se esté lucrando una empresa gracias a estos desafueros, porque también hace partícipe -y responsable de ello- al Ayuntamiento que la contrata y lo permite, poniendo a su servicio a la policía local. La empresa busca rentabilidad, lucro. Todas lo buscan, pero las hay honradas, dedicadas a un trabajo creativo; lo grave es lucrarse por encima de todo, aún a costa de aplicar siempre el máximo rigor, en tanto ello aumenta su beneficio. Lamentable cuando, por ejemplo, un castigo es tratado como si fuera un servicio y, pese a que la retirada de un vehículo se hace y valora a juicio de la autoridad “competente”, la susodicha in-competencia puede ordenar una retirada nocturna, con la consiguiente subida de costo para el sancionado, sin tener en cuenta que no es lo mismo aplicar un castigo, que prestar un servicio. La retirada del vehículo se deslegitima cuando se reduce a negocio.
La dureza excesiva es innecesaria y crea más enemistad que disciplina a quien se ve vejado y esquilmado por una norma hecha con más espíritu recaudatorio que corrector, menos aún preventivo. Dureza excesiva es el costo del traslado en grúa, muy superior al de cualquier servicio independiente; es el canon por estancia del vehículo, aunque esa estancia la motiven gestiones vinculantes, de la misma ú otras instancias administrativas como renovación de cualquier documento, sujeto a cita previa. Por supuesto, si todo el mundo lo llevara todo en regla no pasaría nada. Posiblemente. Pero entonces, es que se castiga y se quiere justificar la recaudación, lo que no incita al cumplimiento estricto, salvo por la coacción. Y es dureza excesiva, también, no facilitar toda la información precisa, para ahorrar al sancionado repetidas -por eso innecesarias- visitas al depósito. Más que excesiva, abusiva.
Con “clientela” cautiva todo negocio es irresistible y sin sanciones se les desequilibraría el presupuesto; luego no es rentable ejemplarizar, aunque genere dudas sobre idoneidad y buenas intenciones; nos dice que generar ingresos es mucho más rentable. El automovilista lo aguanta todo, y la Administración aprieta porque lo tiene claro. Pero no es forma de ganarse al elector que, en algún momento, puede llegar a darse cuenta.
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