El Gobierno filipino criticó este martes la petición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya para investigar al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por crímenes de lesa humanidad en su guerra contra las drogas.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores filipino señaló que los procesos de la CPI deberían ser el "último recurso" y que deberían dejar que terminen primero las investigaciones iniciadas en el país por un comité del Ministerio de Justicia.
"El Estatuto de Roma requiere que la corte y la Oficina de la Fiscalía (de la CPI) respeten y den prioridad a la jurisdicción penal primaria del país afectado, mientras los procedimientos prosiguen en este último", afirmó el Ministerio.
En este sentido, las autoridades filipinas consideran que el "paso precipitado de la fiscalía es una violación flagrante del principio de complementariedad, que es el principio fundamental del Estatuto de Roma", por el que se formó la CPI.
La fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, pidió el lunes la investigación tras señalar en un comunicado que "la información disponible indica que miembros de la Policía Nacional de Filipinas, y otros que actúan en connivencia con ellos, han matado de forma ilegal a entre miles y decenas de miles de civiles".
En la solicitud de investigación, de 57 páginas, se dice que en el país se han sucedido "ejecuciones extrajudiciales" que "parecen haberse cometido de acuerdo con una política oficial del Gobierno filipino".
La solicitud de investigación debe ser revisada ahora por una sala de cuestiones preliminares de la CPI, compuesta por tres jueces, que podrían tardar semanas o meses en autorizarla o denegarla.
Duterte, que ha defendido en público que se dispare a quien consuma o trafique con drogas, anunció que retiraba a su país de la CPI en marzo de 2018, un mes después de que la fiscalía de este tribunal iniciara sus pesquisas sobre la guerra contra las drogas, y su salida se hizo efectiva en marzo de 2019.
Sin embargo, la decisión no ha frenado el proceso en la CPI y la petición de la fiscal ha sido aplaudida por organizaciones como Karapatan, la mayor red de ONG defensoras de los derechos humanos en Filipinas, Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch.
"La intervención de la CPI debe terminar el ciclo de impunidad en el país y enviar un mensaje a la Policía y a aquellos vinculados a la Policía que siguen llevando a cabo u aprobando estas matanzas que no pueden escapar sin responder por los crímenes que cometen", aseguró en un comunicado Agnès Callamard, secretaria general de AI.
Callamard indicó que el anuncio de la CPI es "un momento de esperanza para miles de familias en Filipinas que lloran a los caídos por la llamada 'guerra contra las drogas' del Gobierno" y recalcó que supone "un paso muy esperado para poner fin a la incitación al asesinato del presidente Duterte y su administración".
La Policía filipina admite que han muerto unos 8.000 sospechosos en la guerra contra las drogas desde que comenzó en 2016, aunque grupos de derechos humanos elevan la cifra a unas 30.000 víctimas asesinadas por las fuerzas del orden o por sicarios en ajustes de cuentas.
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