En enero, el Ministerio de Industria aplicó una subida media del 3,4% para los clientes de baja tensión. De este grupo, los cerca de 25 millones de usuarios domésticos experimentaron un recargo del 3,5%, frente al 2,8% de las pymes con potencias superiores a 15 kilovatios (kW).
Durante 2008, la subida medio en el recibo de la luz fue del 9,08%, después de que en enero se aplicara un incremento del 3,3% y en julio, cuando se liberalizaron las tarifas de alta tensión, otro del 5,6%.
Sebastián realizó estas declaraciones en su visita al Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación (Inteco), ubicado en León, donde reconoció que por el momento no se ha alcanzado un acuerdo "definitivo" con las compañías eléctricas sobre el déficit tarifario (diferencia entre los ingresos de generación y los costes asociados al proceso), aunque señaló que sí se han barajado los principios generales de salida de este desajuste, que pasan por ajustar la electricidad a su "coste real".
El ministro cuestionó el sistema "tremendamente injusto" por el que se creó el déficit, mediante el cual se paga "la luz que se consume hoy a lo largo de 15 años".
"Es un tema que había generado una bola de nieve. Es un sistema heredado del Partido Popular y que estamos plenamente decididos a terminar con él; un sistema que no existe en ningún país del mundo", puntualizó.
En este sentido, manifestó que el marco en el que el Gobierno suscribirá un acuerdo con las compañías eléctricas estará determinado por estos dos objetivos. "Se hará un acuerdo en el que el precio que se tenga que pagar sea el más bajo posible para los ciudadanos", subrayó.
EXPEDIENTE A LAS ELÉCTRICAS POR LAS FACTURAS
Por otro lado, el ministro reiteró que se ha abierto un expediente a las compañías eléctricas por las quejas generadas tras el cambio en la periodicidad del sistema de facturación, que ha pasado de ser bimensual a mensual, con el fin de investigar si existen "abusos" en el cobro de las facturas, en cuyo caso se exigirá la devolución del importe cobrado y no se descartan sanciones a dichas empresas.
Al respecto, explicó que el paso del cobro bimensual al cobro mensual estaba pensado para "ayudar" a los ciudadanos y no para "cometer abusos".
"Si se han cometido abusos y se ha cobrado a los ciudadanos de más de lo que se debería haber cobrado, la Comisión Nacional de Energía y el Gobierno tomarán medidas y exigirán que se devuelva el dinero. Se tomarán medidas que podrían llegar a sanciones", subrayó.
Del mismo modo, señaló que el Ejecutivo central abrirá próximamente una Oficina de Defensa al Consumidor de Electricidad y de Gas para vigilar la "transparencia", recoger las reclamaciones de los consumidores y para dar a conocer a los usuarios sus derechos. "Que sepan que tienen al Ministerio de su parte", apostilló.
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