Estepona

La denuncia contra el alcalde de Estepona por abuso sexual detalla escenas escabrosas

El denunciante aporta unas presuntas grabaciones impactantes que ponen a José María García Urbano en el centro de una polémica sin precedentes

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  • El alcalde de Estepona, José María García Urbano. -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha dado inicio a diligencias previas para investigar una grave denuncia por abuso sexual presentada contra el alcalde del municipio, José María García Urbano (PP). La denuncia ha sido interpuesta por un funcionario del Ayuntamiento, quien asegura haber sido presionado y coaccionado para mantener relaciones sexuales con el regidor. En el escrito se incluyen tanto grabaciones explícitas como documentación gráfica que, según el denunciante, corroboran los hechos.

El funcionario, cuya identidad se mantiene en el anonimato, relata que desde marzo de 2022, cuando comenzó su periodo de prácticas en el consistorio, García Urbano comenzó a mostrar un trato preferencial hacia él. Según sus palabras, el alcalde exhibía una “intención libidinosa” que, a los pocos días, se transformó en presiones directas para que accediera a encuentros sexuales. "El denunciado buscaba satisfacer sus deseos sexuales valiéndose de su condición de alcalde", se lee en el documento presentado ante el juzgado.

El relato detalla cómo, entre marzo de 2022 y junio de 2023, el alcalde contactaba al funcionario para proponerle encuentros en lugares apartados, como el Parador de Málaga Golf Club, con el único propósito de mantener relaciones sexuales. Temiendo por la estabilidad de su empleo —y dada su situación personal, con dos hijos a cargo—, el funcionario afirma que se vio obligado a aceptar, sintiéndose atrapado por el poder que el alcalde ejercía sobre su futuro laboral. En varios episodios, según la denuncia, García Urbano también llegó a involucrar a la pareja del funcionario, presionándolos para participar en prácticas sexuales en grupo bajo la amenaza constante de perder su empleo.

En la querella se describe un episodio concreto en 2022, cuando García Urbano invitó al funcionario y a su pareja a visitar su castillo. Allí, tras insistir en que accedieran a una de las suites, les ordenó mantener una relación sexual explícita. La denuncia asegura que el funcionario, en estado de incredulidad y miedo, no tuvo otra opción que someterse a esta situación, bajo la mirada de su pareja y del alcalde, quien supervisaba la escena. Que "le follara el culo", habría ordenado el alcalde en esa ocasión, según lo recogido en las grabaciones, las cuales ahora están a disposición de la justicia.

Con el tiempo, y para mantener su influencia, el alcalde ofreció al funcionario y a su pareja un ingreso adicional de 2.000 euros mensuales, además de un piso en Estepona. El denunciante asegura que García Urbano intensificó entonces el contacto, llamando casi a diario para requerir nuevos encuentros sexuales. En el documento, el funcionario narra que, en uno de los momentos en que intentó resistirse a estas presiones, García Urbano le advirtió con tono amenazante que su futuro profesional dependía de su “colaboración” y que, si no accedía, “le haría la vida imposible” utilizando sus contactos para asegurarse de que no pudiera trabajar en ninguna otra institución.

El denunciante, que no se sentía atraído por hombres, asegura además que el alcalde le facilitaba medicamentos para la disfunción eréctil, obligándole a utilizar "pastillas azules" para poder mantener relaciones. A lo largo de la denuncia, el funcionario detalla varias situaciones de humillación, incluida una en la que García Urbano le ordenó “chupar su eyaculación del suelo”. El desgaste emocional y físico de estos encuentros obligó al funcionario a pedir una baja laboral en junio de 2023. Desde entonces, ha tenido que recibir tratamiento psiquiátrico debido a los efectos traumáticos de lo vivido y ha confesado haber considerado el suicidio en varias ocasiones.

Tras la presentación de esta denuncia, García Urbano ha emitido un comunicado en el que niega las acusaciones, calificándolas como una “falsa denuncia” y parte de una campaña injusta destinada a “dañar su honor y su carrera política”. Según el alcalde, este ataque tiene una “finalidad espuria” y no refleja la realidad de los hechos. García Urbano ha anunciado que tomará acciones legales para defender su honor y ha contratado un equipo de abogados que se encargará de su defensa en el proceso judicial. Asimismo, ha solicitado que se le escuche "de manera voluntaria y a la mayor brevedad" para esclarecer la situación y defender su posición.

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