Actualizado: 09:21 CET
Jueves, 22/11/2018

Mundo

Correa, llamado a juicio como presunto cerebro de un secuestro

Por el secuestro en Colombia en 2012 del político opositor Fernando Balda

  • CORREA

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió hoy un auto de llamamiento a juicio contra el expresidente Rafael Correa y otros tres exfuncionarios por el secuestro en Colombia en 2012 del político opositor Fernando Balda.

Al dar a conocer su fallo, la jueza nacional Daniella Camacho puso fin a más de un mes de incertidumbre, después de que a finales de septiembre concluyeran cuatro maratonianas vistas en la audiencia preparatoria de juicio, en una causa en la que el propio Balda, exasambleísta conservador, ejerció de acusación particular.

"Aunque parezca una victoria, no lo es. No es un momento para celebrar, no podemos celebrar el hecho de que hoy Ecuador entero comprobó de manera judicial que estos hechos criminales fueron ordenados por un presidente de la República", manifestó el opositor tras conocer la sentencia que incrimina a Correa como autor intelectual del secuestro.

Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017, se pronunciaba poco antes de conocer el dictamen en Twitter asegurando: "Me voy a dormir. Con la portada de El Telégrafo, es claro lo que va a pasar. Se ratifica que el Caso Balda es una farsa, y que todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas".

Y puso en cuestión que el medio público ecuatoriano conociera de antemano la sentencia de la magistrada: "No se preocupen por mí, preocúpense por la patria ¡Hasta la victoria siempre!", añadió en la red social.

Junto a su mensaje publicó una supuesta portada del diario de mañana, en la que se leía: "Jueza dispone juicio y prisión contra expresidente Rafael C".

El exmandatario, que reside desde julio de 2017 en Bélgica, de donde es originaria su esposa, afronta el banquillo en caso de que regrese al país a raíz de un caso en el que Balda no ha escatimado esfuerzos para llevarlo ante la Justicia desde que denunciara los hechos hace seis años.

Sin embargo, no fue hasta inicios de este año cuando la Fiscalía comenzó una investigación reservada y solicitó las primeras versiones, a las que se sumó una decisión del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, de dar a conocer toda la información clasificada como medida de esclarecimiento destinada a su posible resolución.

Balda fue brevemente secuestrado en la capital colombiana en agosto de 2012 en un vehículo por agentes de la Senaín, el servicio de inteligencia ecuatoriana, una operación que según se conoció en la fase judicial previa, habría sido presuntamente ordenada por Correa.

Así se desprende de los testimonios adelantados de los exagentes de los servicios secretos Diana Falcón y Raúl Chicaiza, autores materiales de los hechos y que se acogieron a la figura de procedimiento abreviado, con la que colaboraron con la justicia a cambio de una reducción de la pena.

Correa y Pablo Romero, antiguo responsable de Inteligencia, se encuentran en el extranjero, por lo que el juicio solo podría iniciarse en caso de que regresaran al país, o sean capturados y extraditados.

El letrado de Balda, Felipe Rodríguez, avanzó que en caso de que Correa fuera juzgado y declarado culpable de secuestro se enfrentaría a una pena de prisión de entre siete y nueve años.

"Con el código penal anterior debería estar nueve años, ahora el delito de secuestro establece una pena de siete años y tiene derecho de acogerse a la pena que más le favorezca", abundó.

Por su parte, el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, se quejó al concluir la audiencia de que, en las últimas semanas, ha existido "una desaprensiva presión" sobre la jueza "de carácter político".

El exmandatario, sobre el que pesa una petición ecuatoriana de arresto a Interpol por incumplimiento de medidas cautelares, ha denunciado ser objeto de una persecución política y acusa al poder judicial de su país de falta de independencia.

La magistrada solicitó en julio a Interpol la difusión roja contra Correa con fines de extradición por su incomparecencia judicial e incumplimiento de medida cautelar, sobre la que el organismo internacional no se ha pronunciado oficialmente.

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