Con ello, la justicia admite a trámite la querella presentada por ‘Juan Rodríguez’ contra ambos al entender que cometieron prevaricación administrativa al entender que el rescate de las obras se produjo de forma “absolutamente arbitraria e ilegal”. Un delito que estaría penado con entre 7 y 10 años de inhabilitación, según la empresa.
La constructora ralentizó los trabajos de reforma del vial como medida de presión para cobrar la deuda que el propio Ayuntamiento les habría reconocido por valor de 378.000 euros.
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