El Gobierno central ha frenado la puesta en marcha del reglamento que desarrolla la carrera profesional en la Diputación Provincial de Jaén. El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, ha remitido un requerimiento en el que insta a anular, en el plazo de un mes, el acuerdo plenario del pasado 5 de mayo en el que se dio luz verde a ese acuerdo. Se trata de un jarro de agua fría para algo más de 1.000 empleados públicos de la Diputación (no afecta a otros 500 contratados) que llevaban una década reivindicando un derecho que supone el pago de una productividad en atención a objetivos cumplidos o el desempeño de una bolsa de horas en formación.
La Subdelegación del Gobierno basa su resolución de anulación de la carrera profesional al entender que las Corporaciones locales “carecen de cobertura legal y no se encuentran habilitadas para innovar en esta materia, no pudiendo integrar con normas de carácter interno, un desarrollo que requiere normativa de rango de ley”. Además, sostiene que “el establecimiento de un complemento de carrera horizontal supondría la creación de nuevos conceptos retributivos ajenos a los regulados en la normativa básica estatal, para lo cual carecen de competencias las Corporaciones locales”. Y se le recuerda que la capacidad de autoorganización de la Corporación provincial “está limitada” y “conculcaría la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.
El equipo de gobierno de la Diputación va a analizar hoy viernes, en una reunión con responsables técnicos y jurídicos, el alcance de la resolución de la Subdelegación del Gobierno y las medidas a adoptar. Sin embargo, el diputado de Personal, Ángel Vera, ya dejó entrever ayer que el gobierno provincial contempla no acatar el requerimiento de Lillo, lo que abocaría este conflicto laboral a su judicialización. “Es un derecho de los trabajadores que se regula en el Estatuto Básico del Empleado Público y que no vulnera ninguna normativa estatal”, manifestó Vera. A su juicio, tampoco es cierto que conculque la Ley de Presupuestos del Estado puesto que, dice, no existe un aumento de la masa salarial de los trabajadores. La Diputación, dispuesta a litigar para el mantenimiento de la carrera profesional, ha destinado para su aplicación una partida de 1,5 millones anuales.
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