Quiero un examen como el que se ha sometido Arias Cañete en la Comisión Europea para todos los políticos y cargos representativos del mundo. Así de claro. Si de mis bolsillos, aunque sea un mísero céntimo de euro, tiene que salir algún dinero para pagar a un representante político o institucional, quiero poder examinar al dedillo a la persona, a sus actos y sus consecuencias. Y si no sirve, a otra cosa mariposa, que seguro que no se quedan en paro, como ha pasado con Gallardón, que vaya vergüenza que “dimita” como ministro y “abandone” la política para sentarse tres días después en el sillón de un Consejo Consultivo a cobrar de la cosa pública un pastón que yo en mi vida conseguiré.
Y no es venganza ni persecución, es justicia y sentido común. Cuando un político tiene que asumir un departamento como una Comisaría de la Unión Europea, no sólo tiene que demostrar su valía sino también su idoneidad para el cargo: a nadie se le ocurriría poner a un psicópata al frente de un tribunal de derechos humanos, por poner un ejemplo extremo pero que sirve para establecer una regla básica, el zorro no puede cuidar el corral de las gallinas. Y ese principio refranero tiene que aplicarse en todos los ámbitos de la vida.
Y como nunca se ha aplicado esa regla, después saltan escándalos como los de las tarjetas B de Caja Madrid. Otra vergüenza nacional que ha salpicado a todos los representantes institucionales de esa caja de ahorros y que, salvo honrosas excepciones, la única consecuencia que está teniendo es la de las dimisiones... ¿A estas alturas? Por favor, no sólo tienen que devolver el dinero sino imputarlos directamente por malversación de fondos y estafa, porque en su gran mayoría lo hacían a sabiendas de que nadie iba a conocer en qué se gastaban esos dineros. Y hay un principio que al resto de españolitos nos aplican incluso para una multa: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pues a aplicar el mismo criterio en un caso que, además, era comidilla de todo el mundo y no sólo en esa caja de ahorros. Como dice Pepe Fernández, ya en Andalucía hay más de uno buscando los papeles de nuestras caóticas cajas patrias... A esperar a los acontecimientos, algunos tienen que estar temblando porque haberlas “haylas”, como las meigas, y las tarjetas sin rastro las hubo y más de uno sabe quien las ha utilizado.
El principio de ejemplaridad que se le pide a los políticos y a los representantes institucionales no es un punto más dentro de un currículum, como pasa muchas veces con las falsas responsabilidades sociales de las empresas. Es una obligación. Si los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales e instituciones no lo entienden así, que no se quejen si después no sólo pierden el respaldo ciudadano sino incluso si son culpados directamente como responsables del caos que estamos viviendo, al que, por cierto, le viene muy bien eso de que estamos soportando una crisis económica. ¿Sólo económica? No, es mucho más y nosotros lo sabemos. Pero... ¿lo saben ellos?
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