La parlamentaria andaluza Ángela Aguilera ha acusado hoy a la Junta de Andalucía de intentar dar cobertura legal a un proyecto, el Fondo de Barril, que Cepsa pretende desarrollar en San Roque, que tiene causas judiciales pendientes. El consejero de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades, Rogelio Velasco, ha defendido la legalidad de las autorizaciones medioambientales concedidas por el Gobierno autonómico.
“En julio de 2019 declararon de interés estratégico el proyecto Fondo de Barril. Ese mismo mes, la Fiscalía investigaba por presunta prevaricación urbanística, ante un proyecto que podría estar contraviniendo el artículo 320 del Código Penal. Se denunció por parte de Verdemar Ecologistas en Acción ante el Ministerio Fiscal” ha recordado Aguilera.
La parlamentaria no adscrita prosigue el relato de los hechos indicando que, “inmediatamente, ustedes se ponen manos a la obra para dar cobertura legal a un hecho presuntamente delictivo. Es delito hacer un desmonte cuando no se tiene licencia, hacerlo con un movimiento de tierras de un volumen superior al que recoge la licencia, que ha podido afectar a la flora y la fauna y al patrimonio histórico”.
“Y no solo consienten eso, sino que dan una Autorización Ambiental Integrada a un proyecto que sigue estando sub iúdice y en manos de los tribunales. El futuro verde de Andalucía no puede pasar por dar cobertura a quienes no cumplen con la ley. El proyecto está multado por el Ayuntamiento de San Roque con 1,9 millones y que sigue en los tribunales. Califican la AAI como no sustancial cuando lo es, porque el oleoducto pasa por una zona urbana. Y se basa en trabajos ya ejecutados. Y dan cobertura a un desmonte público. Dan la oportunidad a quien no actúa conforme a la ley a que regularice esa situación. 300 puestos de trabajo no son causa suficientes para hipotecar el futuro de Andalucía”, concluye.
Por su parte, Velasco ha defendido que “todas las autorizaciones ambientales que dependen de la Junta de y han sido emitidas Andalucía cumplen escrupulosamente con la ley”.
“El resto de actuaciones que permanecen por ser ejecutadas corresponden exclusivamente al Ayto de San Roque. En primer lugar, las actuaciones de reparcelación de los terrenos donde se ubica la obra; en segundo lugar, la aprobación del estudio de detalle; y en tercero, el proyecto de urbanización”, explica.
“Puedo asegurar que estamos en permanente contacto con el Ayuntamiento y con la empresa Cepsa, para asegurarnos de que se cumple escrupulosamente la legalidad”.
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