Más de 90 municipios en toda España sufren la aplicación de medidas restrictivas, retrocesos a distintas fases de la desescalada e incluso confinamientos por el avance de la pandemia. En Andalucía, los centros hospitalarios se preparan por si se llegara a los 4.500 ingresados por Covid-19, aunque solo hace una semana se activó el plan 3.000 para tener disponible ese número de plazas. El presidente autonómico, Juanma Moreno, ha admitido que “están encedidas todas las luces rojas”. La segunda ola es inevitable.
“El plan de desescalada llevado a cabo durante el pasado mes de junio, los criterios y las prisas por pasar a la siguiente fase no llegaron de una manera clara y transparente a la población en general”, apunta Gerardo Pérez Chica, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Jaén y miembro del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, para explicar “la preocupante situación ante la que nos vemos de nuevo”.
Pérez Chica señala igualmente como causas del repunte de infecciones otros fallos cometidos por las administraciones públicas, como “la apertura rápida y con relajación del control en la apertura de fronteras a partir de julio y la falta de control entre los contactos por tener escaso número de rastreadores”. E incluso les imputa la “escasa capacidad de implicar y concienciar a los más jóvenes en el uso de la mascarilla y en el mantenimiento de la distancia social”.
Pero admite igualmente cuota de responsabilidad individual. “Una vez decretado el fin del estado de alarma en nuestro país, se relajaron en exceso los hábitos y las relaciones sociales”, lamenta.
“Posiblemente -agrega-, tras creer que todo estaba ya superado y no entender bien los mensajes de prudencia que desde la comunidad científica se enviaban”.
Ahora, Pérez Chica considera necesario “implicar a toda la sociedad de nuevo en esta lucha y aumentar la concienciación social frente a la misma”. “Para que medidas como el rastreo de contagios funcionen, todos los gobiernos deberían educar e interactuar con la población, ya que con el número de profesionales actuales es difícil poderse contrarrestar comportamientos irresponsables”, como incumplimiento de cuarentenas o positivos que no colaboran. “El incremento de rastreadores y la utilización de nuevas tecnologías, como la utilización de APP de seguimiento en los teléfonos móviles, nos ayudarán a ser más eficaces”, afirma.
También reclama datos exactos sobre contagios y fallecidos porque “nos facilitaría nuestra labor y poder desarrollar medidas precisas de control”. “No ayuda nada transmitir verdades a medias a la población. Solo conociendo la magnitud real del problema podremos implicar a la mayor parte de nuestros conciudadanos en la resolución del mismo”, añade.
Y, ante el colapso en Atención Primaria, valora la iniciativa pública para contratar sanitarios extracomunitarios, pero pide “adoptar las medidas laborales oportunas por parte de las distintas administraciones para facilitar la vuelta de gran parte de los profesionales diseminados fundamentalmente por Europa durante la última década”.
La falta de recursos humanos, no obstante, no es el único problema que hay que resolver con cierta urgencia. “Hemos tenido que cerrar quirófanos y consultas especializadas en los hospitales, por lo que sospechamos que las patologías no oncológicas van a ver incrementadas sus listas de espera”, advierte.
“Cuando contemos con una vacuna eficaz, segura y fiable, deberíamos vacunar precisamente a los pacientes más vulnerables”, propone, como los mayores alojados en residencias, pacientes con enfermedades crónicas que han sido diana en la primera oleada (mayores de 65 años con hipertensión arterial, diabetes u obsedidad), pacientes inmunodeprimidos y oncológicos. Entre los profesionales, sanitarios, educadores y fuerzas de orden público.
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