Las pequeñas y medianas empresas y los hogares que tengan más de 10 kilowatios sí necesitan hacer un contrato con algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, ya que de lo contrario habrá un recargo en la factura, pasando automáticamente a una comercializadora de último recurso.
La Tarifa de Último Recurso consiste en los precios máximos y mínimos establecidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y son únicos para toda España.
“Existe un bono social del que pueden beneficiarse las personas con una potencia contratada inferior a 3 kilowatios, así como familias numerosas, mayores de más de 60 años que perciban pensiones mínimas, no contributivas, que tengan tarifa de último recurso”, explicó el responsable técnico de la Oficina del Consumidor, Francisco Portillo.
“Antes de cambiar de compañía hay que tener en cuenta el precio final de la oferta, impuestos incluidos, las garantías, la duración del contrato y el procedimiento para darse de baja”, aconsejó Portillo.Se recomienda leer atentamente el contrato antes de firmar, y las cláusulas incluidas, guardar toda la publicidad, no dejar de pagar las facturas aunque no se esté conforme, comparar las ofertas y utilizar las hojas de reclamaciones si se tiene algún problema. Es preferible elegir empresas adheridas al Sistema Arbitral. Los folletos que se distribuyen han sido editados por la Junta de Andalucía.
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