La Fiscalía Superior de Andalucía ha decidido incoar diligencias de investigación tras recibir la denuncia interpuesta por la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT-Andalucía, que pidió analizar la distribución de mascarillas caducadas en centros sanitarios.
Fuentes del Ministerio Público han informado a Efe de que la denuncia, presentada de manera telemática la semana pasada, ha sido recibida este jueves y que la Fiscalía Superior de Andalucía ha decidido incoar diligencias de investigación.
La denuncia de UGT-Andalucía, a la que ha tenido acceso Efe, reclamó a la Fiscalía Superior que depure responsabilidades por el reparto de "miles de mascarillas" caducadas, algunas desde el 2014.
El escrito, firmado por el secretario general de la FeSP, Antonio Tirado, explica que la Consejería de Salud y Familias repartió este material de protección caducado desde hace más de un lustro al menos en varios centros de la salud de la comarca de la Axarquía (Málaga) y que, además, "la fecha de caducidad de estos productos se encontraba tachada".
El sindicato ha recordado en su denuncia que este reparto de material defectuoso, unas 36.300 unidades según sus cálculos, se sumó a otros episodios ocurridos durante la pandemia que han puesto "en grave peligro la integridad física de los profesionales sanitarios".
La denuncia formalizada por UGT-A se sumó a las críticas anteriores al uso "sin verificación" de mascarillas donadas de forma "incontrolada" después de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ordenase la retirada de una nueva remesa de mascarillas donadas por un particular.
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