Según Moresco, la presidenta de los Independientes le acusó de “no cumplir la Ley de Bases de Régimen Local”, ya que mantiene como socio de gobierno a una persona declarada tránsfuga por la comisión antitransfuguismo y por cuanto percibe una remuneración económica que no le corresponde por ley.
El alcalde anunció que había puesto estas manifestaciones en manos de la asesoría jurídica municipal para que estudiase las posibles acciones a emprender y alegaba que la declaración de Silvia Gómez “se contradice con el informe que el secretario general emitió en su día y que está en posesión de esta concejala y de su grupo municipal”.
Al finalizar el Pleno, el alcalde insistió a la concejala en que repitiese lo afirmado anteriormente, explicando Gómez lo mismo que ya le había comunicado en un escrito dirigido a Moresco el pasado 1 de septiembre y recogido por este medio. Esto es, que existen fallos judiciales que respaldan que un edil que deja de pertenecer al grupo político con el que concurrió a las elecciones no puede obtener derechos políticos o económicos superiores a los que tendría de permanecer en su agrupación. Por tanto, Gago no podría cobrar 45.113 euros anuales por su dedicación exclusiva. Y, por tanto, debía revocar el decreto correspondiente.
Respecto al informe que alega Moresco del secretario, la edil asegura que lo único que se les ha facilitado es el acta de Pleno en el que se votó los sueldos de los concejales.
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