Ese es el concepto de VPO o vivienda de protección oficial que defiende y siempre ha explicado este equipo de Gobierno.
Ésas son las viviendas que, sin embargo, en opinión de algunas personas pueden o crean guetos donde se construyen, porque las confunden con las viviendas sociales de integración; que si bien hoy en día se integran con las VPO, en otras épocas se construían todas juntas y daban como resultado barriadas como la de José Antonio. En El Puerto tenemos EMAs dispersas a todo lo largo y ancho del término municipal, y estas edificaciones - por lujosas que sean algunas de ellas - no cumplen ni con la mitad de los requisitos que sí se les exige en la actualidad a las VPO. Sin embargo, resulta paradójico comprobar cómo en algunos documentos se “vetaba” la construcción de estas últimas en determinadas zonas de la ciudad a las que, por supuesto, sí habían accedido las construcciones ilegales.
De hecho, a las cuestiones anteriormente expuestas podríamos añadir algunas de las “funciones reparadoras” que también contempla y cumplen las VPO.
Las viviendas de protección oficial suponen un apoyo, una especie de régimen de transición entre la vivienda de renta libre y las EMAs, que contribuye de forma esencial a la integración de éstas en la “trama urbana”.
Además, repara o soluciona algunos de los problemas que presentan las vastas extensiones de chalets para segunda residencia, como por ejemplo el hecho de que estas zonas sólo alcanzan su máxima ocupación en determinadas épocas del año, complicando no sólo la prestación de servicios municipales inadecuadamente dimensionados, sino también la viabilidad económica de negocios o inversiones en las épocas de menor ocupación.
Así, la convivencia con viviendas a precios asequibles y qué, por tanto, aseguran una población efectiva, disminuye sensiblemente esta problemática.
Por tanto, resulta evidente que desde el Urbanismo o el Planeamiento, se puede y se debe contribuir al desarrollo social de las ciudades. Y esto debe hacerse con una apuesta firme y decidida por la VPO, no sólo ubicándolas en todo el término municipal, sino incrementando su número mediante la correspondiente reserva de suelo.
Todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a una vivienda y facilitar su acceso es una obligación constitucional, pero por encima del mismo incluso, estaría el necesario conocimiento y comprensión por parte de los gobernantes de la realidad de sus ciudadanos y resulta evidente que la existencia mayoritaria de segundas residencias encarece el precio general de la vivienda, y que los sueldos medios que se cobran en Andalucía, e incluso los niveles de desempleo en la provincia de Cádiz, obligan a la Administración a tomar cuantas medidas estén a su alcance para facilitar la construcción de un número suficiente de viviendas a precios asequibles por su protección oficial.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
