Andalucía

El Parlamento dio contratos a Alegría Activity por 715.000 euros

Es la empresa que explota el servicio de captación y distribución de la señal de televisión del Parlamento andaluz desde 2012.

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  • La señal interna de TV en la sesión plenaria -
  • Es la empresa que explota el servicio de captación y distribución de la señal de televisión del Parlamento andaluz desde 2012
  • El nuevo contrato en vías de adjudicación le supondrían otros 385.000 euros por dos años
  • De los ocho contratos, sólo uno, que fue prorrogado, se celebró con publicidad

La empresa Alegría Activity, que explota desde 2012 el servicio de captación, grabación, difusión y distribución de la señal de televisión del Parlamento de Andalucía, ha recibido de la Cámara autonómica un total de al menos 715.315 euros en cinco años y medio.

Esta cantidad incluye los contratos sucesivos que el Parlamento le ha adjudicado a la empresa desde mayo de 2012, cuando le adjudicó el primero. En aquella ocasión, se trató de un contrato negociado sin publicidad, por un importe de 59.000 euros y un periodo de vigencia de 4 meses.

Después de ese contrato, en octubre de 2012 el Parlamento volvió a adjudicarle el servicio, esta vez mediante un concurso abierto al que se presentaron seis ofertas, por un periodo de dos años y un importe de 278.300 euros. En 2014, el contrato se prorrogó hasta noviembre de 2016.

Y desde esta fecha, la empresa encadenó, hasta diciembre pasado, cinco contratos menores que le fueron adjudicados a dedo, por importes sucesivos de 19.541,50 euros, 19.541 euros, 19.541,50 euros, 21.550 euros y 19.541,50 euros, respectivamente. En total, los cinco contratos sumaron 99.715,50 euros. Y todos los contratos adjudicados a Alegría Activity hasta la fecha suman 715.315 euros.

En esta cifra, sin embargo, no se incluye el nuevo contrato que el Parlamento adjudicará a la misma empresa, pues del procedimiento ordinario en marcha han sido excluidas las otras cuatro concurrentes, que se celebrará por un periodo de dos años y un importe de 384.780 euros.

Si la empresa resulta adjudicataria del concurso, que algunas de las empresas excluidas ya han anunciado que estudian recurrir, el Parlamento le habrá adjudicado contratos a esta empresa por más de un millón de euros en siete años. Sin contar la previsible prórroga.

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