Martínez Aguayo se reunió durante casi dos horas con Ocaña, para aclarar algunas dudas surgidas sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y conocer el peso que tendrá el criterio de la población.
A la salida del encuentro y en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera precisió que la reunión ha sido "bastante aclaratoria, tranquilizadora y muy fructífera", así como "un paso adelante" para llegar a un acuerdo.
Precisió que ha sido "aclaratoria" porque el documento "que sigue vigente" sobre financiación es el presentado por el Gobierno el pasado mes diciembre, que recoge "de manera amplia algunas de las propuestas" de la Junta de Andalucía y sobre el que ya mostraron su posición favorable.
Recordó que ese documento señala que la población "va a ser el elemento fundamental" a la hora de asignar los recursos y que la población sería ponderada, para tener una cualificación según las necesidades.
En esas ponderaciones, agregó, se tienen en cuenta algunas de las propuestas de Andalucía como la población en edad escolar y los menores de cuatro años, "seguramente, en la población sanitaria". Andalucía acepta también que se pondere la dispersión geográfica o la insularidad.
En la reunión con Ocaña también abordaron los diferentes fondos adicionales, de los que "no se ha concretado cifra alguna y se concretará en los próximos días", aunque Andalucía seguirá percibiendo, al menos, el 18,46% de los recursos.
A su juicio, estas cuestiones constituyen "los flecos" que el Gobierno estudia estos días y precisó que la posición de Andalucía es que deben servir para disminuir la financiación por habitante, dado el abanico "tan amplio que hay en el modelo vigente".
La consejera destacó que hay algunas comunidades muy encima de la media y otras muy por debajo en financiación per cápita y que esa horquilla "debe reducirse".
En su opinión, Andalucía, "que está en la media, debe mantenerse en esa posición", lo que transmitieron al secretario de Estado.
Ocaña no le facilitó ninguna cifra sobre el modelo de la financiación autonómica, ni de la que correspondería a Andalucía, aunque constató que su comunidad, "que tiene en el modelo vigente una atribución de recursos cercana al 18,46, de mantenerse estos criterios, va a obtener recursos por encima de esta cifra".
De la financiación por habitante, destacó, que debe estar cualificado según las necesidades, porque no es lo mismo prestar los servicios sanitarios a una persona mayor de 65 años o la financiación de la educación para los menores.
La consejera dijo que esta cuestión es una reclamación "muy relevante" de las comunidades autónomas y que de esa cualificación de las necesidades surge la atribución de recursos "en un porcentaje o en otro".
En cuanto a la fecha en que se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Martínez Aguayo dijo que Ocaña "mantiene sus objetivos", antes del día 15, y confía en contar con la documentación necesaria para ese día.
La oposición critica la reunión de "segundo nivel" y que no se dieran datos concretos
A pesar del optimismo de la consejera, la oposición no ve ningún avance en esta reunión. Así, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, criticó ayer en Almería que el nuevo sistema de financiación para Andalucía se debata en una reunión de "segundo nivel", al contrario de cómo lo han hecho el resto de comunidades, "donde los presidentes se han reunido con la ministra de Economía".
Arenas destacó que la reunión entre Martínez Aguayo y Ocaña tenía que haber sido entre el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la ministra de Economía, Elena Salgado, mientras que advirtió que el nuevo modelo "no debe firmarse si no se tienen en cuenta las resoluciones aprobadas en el Parlamento andaluz", basadas en el principio de "solidaridad" entre los territorios así como "no aceptar privilegios, ni discriminaciones".
Para Arenas, el problema de fondo que subyace en este nuevo modelo es el "Estatuto de Cataluña, ya que Zapatero tiene que aceptar sus reivindicaciones para no poner en peligro su sillón en La Moncloa, y tener que convocar elecciones anticipadas".
A juicio del dirigente andaluz, la financiación autonómica "no puede cerrarse sin un pacto para la financiación local".
Mientras, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, aseguró que esta reunión "no ha servido para nada", pues "seguimos sin tener una cifra total y concreta para Andalucía y sin saber qué va a pasar con los fondos de solidaridad y compensación".
Valderas lamentó que tras la reunión "tenemos más de lo mismo, es decir, nada de nada". "Sólo podemos concretar de las palabras de la consejera que Andalucía se conformará con lo que le dé el Gobierno, aunque signifique incumplir el Estatuto de Autonomía y recibir menos del 19,05%, que es lo mínimo que nos corresponde por población".
En este sentido, el líder de IULV-CA criticó el "silencio" que se "guarda desde el Gobierno sobre el fondo de solidaridad y compensación". "La reunión no ha servido para nada, pues no deja nada claro", apuntó Valderas, que criticó que este tipo de encuentros "sólo sirven para dilatar la concreción de cifras".
Así, otra de las cuestiones, que a su juicio, queda sin "aclarar" es el pago de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, denominada deuda histórica, una de las cuestiones que "antes de nada deben quedar liquidadas". "El Gobierno central no aclara nada a Andalucía y nos siguen sin decir qué va a significar el fondo de compensación y de solidaridad", subrayó Valderas.
Mientras, el Gobierno andaluz ha solicitado en el Parlamento la celebración de un pleno extraordinario para explicar la posición que defenderá sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, un debate que se producirá antes de que el 15 de julio se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
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