El Tribunal Supremo (TS) celebró ayer la vista de los recursos presentados por la jueza, el abogado del Estado y el propio preso, José Campoy, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de abril de 2008 que condenó a Entrena a indemnizar al reo con 103.000 euros.
El TSJA declaró a la que fuera titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada) autora de un delito contra la libertad individual de las personas cometido por funcionario público, mediando imprudencia grave y decretó la responsabilidad subsidiaria del Estado por los perjuicios causados a José Campoy.
El fiscal rechazó, como sostiene la defensa de Entrena, que el reo no quisiera salir de la cárcel o que fuera corresponsable de la situación.
Ni chivo expiatorio ni pena de escarmiento
"Cuesta admitir la tesis de que una persona privada de libertad sea el garante de su propia libertad", recalcó el fiscal, quien negó que la juez haya sido juzgada como un chivo expiatorio y como "escarmiento" a otros magistrados.
Tras asegurar que con su conducta Entrena infringió los principios éticos judiciales, el representante del Ministerio Público argumentó que la Justicia no tenía otra alternativa que dictar una sentencia condenatoria.
Para el fiscal, la sentencia del TSJA acertó plenamente al considerar que la jueza había creado unas condiciones en el Juzgado de falta de control muy grave sobre los presos y recordó que se trata de una limitación de libertad, el más importante de los derechos.
Además de oponerse a la admisión del recurso presentado por Entrena, el fiscal pidió al Supremo que rechace también los del propio reo, que solicitó que se eleve la indemnización a 350.000 euros al estimar que la fijada por el TSJA es insuficiente, y la del abogado del Estado, declarado responsable subsidiario.
El abogado de Entrena insistió en que la jueza "nunca supo ni pudo saber" que Campoy estaba en prisión provisional por una causa por la que le absolvió y responsabilizó a la secretaria judicial y a la funcionaria encargada de las causas con preso.
Además, señaló que el Juzgado de Motril, como muchos otros, estaba desbordado, no por culpa de Entrena sino del sistema, y que seguir todos los casos que tenía suponía "una tensión insoportable al borde del infarto".
El abogado del Estado destacó que no se puede achacar toda la responsabilidad a la jueza y consideró que los criterios de indemnización del Tribunal Supremo son sensiblemente inferiores a los establecidos en este caso por el TSJ.
Por el contrario, la defensa de Campoy alegó que la indemnización fijada no tiene relación con el número de días que éste estuvo indebidamente en prisión, por lo que pidió que se aumente la cantidad que debe abonar la jueza.
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