Ante una crisis de esta magnitud, casi todos los gobiernos han actuado como buenos discípulos de John Maynard Keynes que sostenía, grosso modo, que cuando la demanda se debilitaba, Papá Estado se tenía que convertir en, digamos, el consumidor de última instancia. Se trata de políticas anticíclicas con el objetivo de sostener el empleo y la economía en general.
En líneas generales, el gobierno se endeuda en los momentos malos para suavizar las crisis, y reduce su endeudamiento en la época de las vacas gordas. Un ejemplo local serían nuestros ayuntamientos de la costa que, durante los años de boom inmobiliario, han repagado sus deudas y saneado sus finanzas para, ahora, poder tirar del carro. El límite de estas políticas está claro; hasta que a Papá Estado le presten dinero. Si sube mucho la deuda pública los inversores no comprarán la deuda del Estado y se acaba el festín de modo dramático.
Pero no estamos hablando de esto. Hablamos de la enorme cantidad de dinero que se están gastando los estados en esta crisis. Los EEUU, según un artículo de esta semana, llevan gastados 618.000 millones de dólares. Y la pregunta es: ¿para volver a donde estábamos?
Y de ahí la obsesión del equipo de Obama con aprovechar la crisis. Por eso se está lanzando a intentar reformar el sistema sanitario. Por eso se habla de vigilar los sueldos de los banqueros. Por eso se habla de regular los mercados de derivados. Aprovechar el poder que te da una crisis y los cientos de milles de millones que vas a gastar para conseguir reformas positivas para tu país.
El modelo sigue siendo Roosevelt y sus políticas durante la gran depresión de los años treinta. Se embarcó en proyectos de cambio tan ambiciosos como el Tennessee Valley Authority, empresa pública creada en 1933 para el desarrollo regional del conjunto de estados ribereños del río Tennessee, con el aprovechamiento integral de sus recursos. No se trata solamente de paliar el efecto de la crisis en los habitantes del valle del Tennessee, sino de producir un cambio duradero en la economía de la región.
Una de las cosas que todos sabemos que funcionan mal en España son las cajas de ahorro. El frenesí autonómico de los años setenta las puso en manos de las respectivas comunidades autónomas que, junto a los ayuntamientos, han manejado sus dineros. Con el resultado que todos conocemos.
Todos sabemos que si dejamos los fondos de las cajas en manos de los políticos el resultado es el predecible. Una de las razones de la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha fue su desproporcionada inversión en el futurístico proyecto del aeropuerto de Don Quijote. La mente del político es sencilla; si el proyecto sale bien, me pongo la medalla inaugurándolo. Y si quiebra la Caja... bueno, ya vendrá el Banco de España a gastar el dinero de todos para desfacer el entuerto. Lo que en economía se llama el moral hazard o riesgo moral.
Es sintomático que la banca, especialmente la gran banca, frenara sus financiaciones a los promotores un par de años antes que muchas cajas. Y pasa lo que pasa.
Bien. Ya tenemos una caja intervenida. Ya tenemos las agencias de calificación crediticia avisándonos de lo que va a venir con otras. Ya tenemos al Banco de España, gobierno y otros políticos preparando la legislación. Y, claro, tenemos a los políticos oponiéndose a que una caja de fuera de su autonomía compre una controlada por ellos. Aquí se ponen de acuerdo tanto el PP como el PSOE. Todos quieren mandar en las cajas de sus regiones; todos quieren influir en la concesión de préstamos.
Pero se han quedado sin argumentos. Ha quedado demostrado hasta la saciedad que el modelo de gobierno de las cajas ha sido un fracaso. ¿Es lo de Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual? ¿Vamos a perder la oportunidad que nos proporciona la crisis de transformar un sistema de cajas que sabemos erróneo? ¿Vamos a tener que esperar a la crisis de dentro de diez o veinte años?
¿De verdad que los españolitos vamos a poner 90.000 millones de euros del ala para que todo siga igual?
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