Y aunque posiblemente se pueda pensar que el principal condenado, junto a sus asesores, no quisieron dañar a las familias de los militares muertos, lo cierto es que no sólo lo hicieron, sino que nunca fueron capaces de reconocerlo hasta que distintas pruebas de ADN sacaron a la luz este escándalo y dejaron en evidencia que había habido familias que habían enterrado los cuerpos de otro soldados como si hubieran sido sus hijos, esposos o hermanos. Y esto es lo que la sentencia deja claro, que primó más el intentar dar un imagen de profesionalidad y de hacer rápido el trabajo, sobre todo para celebrar el funeral de Estado y dar carpetazo al asunto, que velar porque las identificaciones fueran las verdaderas y mantener el más mínimo respeto a las familias que habían perdido a un ser querido. Por esto la sentencia es ejemplar, porque va a servir de ejemplo de cara al futuro, donde posiblemente a partir de ahora se optará por la profesionalidad y no sólo por la imagen, como se hizo en este caso. Y debería haber sido aún más ejemplar si Federico Trillo, por iniciativa propia, o el propio PP hubiera asumido su parte de responsabilidad, y no sólo una pretendida dimisión que nadie cree como verdadera. Una sanción a este político habría servido para dar el mismo mensaje de que ningún cargo público se puede ni debe ocultar en los errores de sus subalternos, sin asumirlos como propios.
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