El caso, conocido como el de "las facturas falsas" del Distrito Macarena de Sevilla, sentaba en el banquillo a Marín, que fue secretario del distrito entre febrero de 2002 y octubre de 2003 y Pardo, contratista de las obras.
En su objeto del veredicto, el juez solo incluyó como facturas presuntamente falsas a dos referidas a unos módulos de la barriada de San Diego que no se demolieron y otras cuatro obras que solo fueron parcialmente ejecutadas, frente a las 28 facturas falsas en que se basó la primera acusación.
El juez hizo también uso de una facultad extraordinaria prevista en la Ley del Jurado, que hasta ahora no se había utilizado nunca en Sevilla, para retirar la acusación contra Manuel Portela, militante del PSOE y colaborador municipal que presuntamente era el encargado de supervisar la conclusión de las obras en el distrito Macarena.
El veredicto fue leído por la portavoz del jurado y dijo que se mostraban contrarios a un posible indulto.
Para Marín el fiscal pidió tres años y medio de cárcel y ocho de inhabilitación por un delito de malversación de fondos públicos, y un año de cárcel por falsedad en documento público, a lo que une a una multa de 900 euros.
Para José Pardo, el fiscal solicitó 21 meses de cárcel y 1.350 euros de multa por un delito continuado de falsedad, y dos años y medio de cárcel por malversación.
El PA, personado como acción popular, pidió 12 años de cárcel para Marín y 10 para Pardo.
Por su parte, la portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, Maribel Montaño (PSOE), aseguró ayer, en representación del Ejecutivo de la ciudad, que acata la decisión del jurado en el caso de las facturas falsas del Distrito Macarena, al ser "lo que corresponde en un Estado de Derecho".
En una nota, Montaño manifestó la "plena confianza" de la corporación local en el funcionamiento de la Justicia en España, "tanto a nivel general como el caso concreto de las facturas en Distrito Macarena, que está pendiente todavía de una sentencia y de los recursos que las partes puedan interponer, si procede, hasta la imposición de un dictamen final sobre este particular".
"Esta actitud de acatamiento es la única en un Estado democrático y de Derecho como el nuestro que desde el PSOE respetamos escrupulosamente", aseveró la portavoz municipal, que contrapuso este posicionamiento "con la postura que despliega el PP en el caso de la investigación que mantiene el juez Baltasar Garzón por presunta corrupción en este partido".
En este sentido, Montaño lamentó las "presiones intolerables" que el PP, a su juicio, ha realizado contra el funcionamiento de la Justicia "por el solo hecho de que estas actuaciones judiciales perjudican a sus intereses".
"Nuestra actitud es la de respetar los procedimientos judiciales, tanto si gusta como si no lo que dictaminan", concluyó.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
