Según fuentes municipales, "no se entiende" que los imputados en el caso de urbanismo, que lleva el mismo juzgado, "prestaran declaración el pasado 18 de febrero" ante el juez, en cuanto a su posible relación con la presunta comisión de los delitos de prevaricación y ordenación del territorio, pues "no fueran interrogados también" sobre el uso que pudieran haber hecho de información privilegiada, dado que, según confirmaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la nueva pieza separada los imputados "son los mismos" que en el caso de urbanismo.
Sin embargo, los abogados del Ayuntamiento "se mostraron esperanzados en el archivo de las diligencias" después de que el 18 de febrero los cuatro imputados, el concejal del gobierno municipal del PSOE en Baena José Calvo, junto con dos ex concejales del mismo partido, Cristóbal Tarifa y Vicente Mejías, y una funcionaria municipal, jefa de Negociado del Área de Urbanismo, negaron, con el apoyo de documentación, que hubiesen dado el visto bueno a la ejecución de obras sin licencia en al menos una docena de parcelas e inmuebles del pueblo entre 2002 y 2004, lo cual fue denunciado en 2007, entre otros, por el promotor y ex alcalde comunista de Baena Carlos Arenas, que está imputado en otro procedimiento.
Es más, según subrayaron fuentes de la defensa, "no se ha presentado, desde que se interpuso la denuncia, hace cerca de dos años, ni una sola prueba pericial, testifical o de cualquier tipo" que incrimine a los imputados, siendo tanto así que el juez ha emitido "una providencia para que las declaraciones y la documentación aportada" el pasado 18 de febrero por los imputados "se incorporen al auto y se dé traslado de ellas a la Fiscalía y a las partes", por lo que los abogados del Consistorio confían en el archivo de las diligencias.
Por otro lado, en el Consistorio baenense tampoco se tiene constancia oficial de que "haya nuevos imputados, en el caso de urbanismo, aunque, según informó ayer el TSJA, a los cuatro imputados ya indicados habría que sumar otro ex concejal socialista, siendo éstos cinco imputados los que tendrían esa misma condición en la citada nueva pieza separada sobre información privilegiada, que tiene como base el contenido de las escuchas telefónicas realizadas como parte investigación abierta con el caso de las supuestas facturas falsas.
A este respecto, desde la defensa municipal se apuntó que "las escuchas fueron autorizadas" por el juez "en relación con el caso de las supuestas facturas falsas", de tal modo que "de las escuchas no se pueden derivar actuaciones relativas a otros delitos".
Del sumario de las facturas, que surgió como pieza separada del caso de urbanismo, hasta ahora se conocía la imputación de dos trabajadores municipales, del presidente de una sociedad de cazadores y del propio empresario que denunció en 2007, aunque luego se retractó, el pago de facturas falsas por el Consistorio a varias empresas que, supuestamente, luego devolvían al Ayuntamiento el dinero, sin el IVA, para así obtener trato de favor en adjudicaciones de obras.
En este caso, según detallaron las mismas fuentes del TSJA, han sido imputados ahora otros dos empresarios, y la principal novedad radica en la culminación de un informe policial sobre el patrimonio de los imputados, que ha sido remitido a la Fiscalía, para que determine si ha lugar a pedir nuevas diligencias.
Finalmente, las mismas fuentes del alto tribunal andaluz indicaron que "el juez, de oficio, ha incoado diligencias previas por la presunta comisión de un delito contra la Administración de Justicia, para investigar las filtraciones a los medios de comunicación" de parte de las transcripciones de las escuchas telefónicas, entre otros elementos del sumario de las supuestas facturas falsas.
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