Casi no les ha dado tiempo a respirar. Cuatro días después de la presentación de la plataforma Jerez Libre para Educar, los más de setecientos padres objetores a la asignatura Educación para la Ciudanía (EpC) se han encontrado con un duro varapalo, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que anula cualquier opción de objetar. En cierto modo, “la noticia nos la esperábamos”, apunta Ignacio Fontán, portavoz de este colectivo recién creado, “porque la justicia está muy politizada”. Aunque se sienten muy defraudados, no van a consentir imposiciones morales de ningún tipo. “Seguiremos luchando hasta el final. Si hay que ir a al Tribunal de los Derechos Humanos iremos”, señala Fontán, cualquier cosa antes que tirar la toalla y darse por vencidos. Sobre la sentencia, prefieren no pronunciarse y arrojar conclusiones antes de tiempo. “Estamos a la espera de ver la sentencia completa, y puede que haya sorpresas”. En este sentido, recuerdan que el dictamen hace referencia a unos casos puntuales y que la libre educación es un derecho que recogen estamentos superiores, “y los gobiernos no pueden adoctrinar. El derecho a la educación moral corresponde a los padres, y es la Administración la que se está atribuyendo estas competencias. No pueden pasar esa raya”.
Desde su implantación, la asignatura de Educación para la Ciudanía, planteada en el currículo escolar como una forma de desarrollo integral y liberal del alumnado, no ha estado exenta de polémicas. Sus contenidos, entiende esta plataforma, sobrepasan una serie de principios morales, abordando temas como la familia, la educación sexual o la igualdad de género. “Dependiendo de qué editorial se trate, el libro de texto es más pretencioso”, indica el portavoz de Jerez Libre para educar.
Por el momento, la plataforma no ha pensado en emprender movilizaciones hasta conocer en detalle la sentencia del Supremo, y “aunque sabíamos que la batalla sería dura” seguirán prestando asesoramiento e información a todos los padres que deseen objetar en cooperación con el respaldo de los otro cinco colectivos de padres contrarios a esta asignatura en la provincia. Destacar que son ya más de 1.600 las objeciones presentadas en Cádiz. La plataforma denuncia las “amenazas” que están sufriendo sus hijos, que, pese a tener medidas cautelares que no los obligan a entrar en clase, reciben los suspensos en esta materia.
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