Se da la circunstancia de que el coche, adquirido en un concesionario de Jerez de la Frontera, lo recogió el mismo día en que recogía otro el empresario ceutí A.B.A.L., aunque en este caso se trataba de un Mercedes modelo ML 320 CDI. A.B.A.L., además, adquirió en la misma operación una furgoneta, por lo que la factura ascendió a 84.000 euros. A.B.A.L. puso el coche a nombre de uno de sus hijos.
El pago de ambos vehículos, en este caso, no fue en metálico. En el caso de A.B.A.L., realizó tres pagos en efectivo por un total de 17.290 euros, financiando el resto, 67.000 euros, a razón de 1.054 euros mensuales. Dejó de pagar en mayo de 2010. Hay que recordar que el ejercicio contable de la tienda de vehículos de A.B.A.L. arrojaría a final de ese año pérdidas de más de 300.000 euros.
Clemente Ruiz compró su Mercedes entregando 8.000 euros en dos pagos de 3.000 y 5.000 euros en efectivo y financiando los 62.000 euros restantes. Clemente Ruiz García estuvo abonando la cuota del importe financiado mes a mes, un total de 1.091 euros, sin interrupción hasta el mes abril de 2009, cuando fue detenido.
De la misma forma que las cuentas de la empresa del empresario ceutí no eran boyantes ya en aquellos tiempos, al menos según lo declarado en el Registro Mercantil y la demanda que terminaría imponiendo la Seguridad Social, las de Clemente se basaban en su sueldo de funcionario más lo que pudiera ganar en la Inmobiliaria Nora, de la que él mismo ha declarado que era una ruina e incluso tuvo que hacer algunas operaciones poco claras para tranquilizar a su mujer sobre la marcha del negocio.
El problema le sobrevino a Clemente cuando fue detenido y no podía hacer frente a los más de mil euros mensuales de la operación de financiación del vehículo. Un vehículo de alta gama que, por cierto, estaba a nombre de su hijo. Entonces intentó que un “amigo” suyo se subrogara al préstamo aunque este periódico no ha podido conocer en qué terminó el posible acuerdo.
Hay que tener en cuenta que entre las primeras medidas que tomó el Ayuntamiento -además de denunciar el alcance en la Caja antes de lo que la Policía hubiera querido- estaba la suspensión de empleo y sueldo por lo que desde los primeros días de abril sólo percibe el mínimo en estos casos. “Vivo de la ayuda de mis amigos”, dice Clemente.
Compra de joyas por más de 90.000 euros
Otra de las particularidades de la investigación que ha podido seguir este periódico es la cantidad de joyas compradas por la familia de A.B.A.L. en establecimientos de San Fernando y que según sólo uno de ellos, ascendería a más de 90.000 euros y se detecta una numerosa actividad de empeño y recuperación de piezas valiosas.
Uno de los hijos de A.B.A.L. recuperó sus efectos de manera periódica en al menos diez ocasiones, lo que en cualquier otro caso implicaría una necesidad de dinero y una disposición de metálico para la recuperación.
También se ha dicho en varias ocasiones, a través de la investigación policial conocida a raiz de levantarse el secreto del sumario, que en ningún momento se podría pensar que los malos resultados económicos de los negocios de Clemente Ruiz García y de A.B.A.L. pudieran solaparse con haber sido agraciados con premios de los diferentes sorteos legales que existen en España.
Tanto la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) como el Ministerio de Economía y Hacienda o la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) han pagado premio alguno a las dos personas señaladas en la investigación, según la investigación policial.
Probablemente nunca se justifique el total de los 7,8 millones de euros
Una vez más hay que hacer hincapié en que nadie de la familia hispano-marroquí amiga de la familia de Clemente Ruiz García ha sido imputado o imputada en el caso que se sigue en el Juzgado número 2 de San Fernando por presunta malversación de fondos y por el que sólo ha entrado en prisión el ex cajero Clemente Ruiz, saliendo en libertad hace pocos meses.
Sin embargo, la Policía registró las viviendas de todos y cada uno de los miembros de la familia de origen marroquí al aparecer documentación referente a ella en el domicilio del ex cajero y en la Inmobiliaria Nora. Una documentación que los investigadores entendieron que no era lógico que la tuviera un simple amigo de la familia sin más relación que los lazos de amistad que se le atribuyen.
De la misma forma, el informe de la Policía emitido en noviembre de 2009 deja claro que va a ser muy difícil justificar el gasto de todo el dinero desaparecido de las arcas municipales, 7,8 millones de euros, por la dificultad que entraña seguir el rastro de un efectivo que se ha movido durante cinco años en infinidad de operaciones financieras y pagos en metálico.
O sea, que lo que se justifique no llegará, ni por asomo, al valor del alcance en la Caja municipal.
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