El desacuerdo radica en la titularidad del viejo edificio. El Ayuntamiento afirma que Medio Ambiente es “titular de la administración pública propietaria del molino de mareas del Río Arillo”, esto es, Costas. Sin embargo el ministerio matizó ayer a este periódico que el molino “está inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de Unión Salinera de España SA y cuenta con la anotación preventiva del deslinde”. Añade Medio Ambiente que el inmueble “se asienta en terrenos declarados dominio público marítimo terrestre en virtud del deslinde practicado con fecha 19 de febrero de 2007, aprobado mediante Orden Ministerial”.
Viene a decir el Gobierno que el terreno sí es de su propiedad, pero no así el molino de mareas, que sigue inscrito a nombre de Unión Salinera SA.
Fuentes del ministerio afirmaron que “no obstante”, Medio Ambiente “está en disposición de colaborar con la administración local con el fin de proteger tan singular edificación y favorecer de este modo su conservación y puesta en valor”. Sin embargo, colaboración no es lo que solicita el Ayuntamiento.
Mientras tanto, el Ayuntamiento aguarda una respuesta oficial a su requerimiento. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, afirmó ayer al mediodía que “no nos han contestado”. El requerimiento pide “la ejecución inmediata en el plazo de 48 horas de las medidas de seguridad necesarias en el edificio como consecuencia de nuevos e importantes deterioros detectados en el edificio en la última semana”. Martínez señala a Medio Ambiente al recordar que “desde el año 2007 se nos prometió el proyecto de tramitación de consolidación dijeron que no, que ellos tenían un proyecto”.
Desde entonces, critica la alcaldesa que no se haya hecho nada más que unas obras de urgencia por parte del Consistorio gaditano ante el deterioro manifiesto del centenario edificio.
Una inspección municipal ha revelado que recientemente han entrado ladrones en el edificio que se están llevando las vigas con el peligro que dicha operación conlleva. La alcaldesa avisa que se les puede caer la pared y entonces “¿van a venir al Ayuntamiento? ¿Entonces Mebio Ambiente va a echar la culpa al Ayuntamiento? No podemos poner un vigilante para algo que es suyo. Si es suyo, es para todo”.
La expropiación
Martínez insistió en que “la urgencia que tenemos nosotros es por si pasa algo, que ojalá no pase”. La alcaldesa afirmó que desde Medio Ambiente “nos dijeron, no, usted no haga nada, es mío, ni lo toque”. De esto hace cuatro años y Martínez recuerda que “se lo expropiamos a Unión Salinera porque no había cumplido con el deber y la obligación del propietario del mantenimiento de los edificios. Terminan el expediente de información y nos dicen ¡eh, que hemos hecho una delimitación del espacio marítimo terrestre, de Costas y resulta que cae dentro! Pues muy bien, es suyo. Pero manténgalo”.
Medio Ambiente, por su parte, se muestra a favor de comenzar trabajos de seguridad en el inmueble y destaca que “a fin de proteger los posibles daños incívicos que contra este patrimonio pudieran producirse, en tanto se articulan los mecanismos de colaboración, se podrían llevar a cabo trabajos de cegado de todos los huecos con fábrica de ladrillo y el refuerzo del apuntalamiento de las zonas deterioradas. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en común con los técnicos del Ayuntamiento y de la Demarcación de Costas”.
La duda es si esta respuesta satisfará al Ayuntamiento, que afirmó este martes que si no se ejecutan los trabajos por parte del Gobierno en el plazo que acaba hoy “podrá adoptar en función de lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, las medidas tanto de ejecución subsidiaria como cualquier otra conminatoria o sancionadora que proceda”.
El pasado lunes 8 de agosto un técnico de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento efectuó una inspección ocular en la que comprobó que “salvo vicios ocultos, se detecta un deterioro en el apuntalado del forjado de cubierta por pudrición de las cabezas de las vigas”.
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