Montero apuntó que solicitarán a los grupos parlamentarios que se tramite por vía de urgencia, de forma que sea aprobado en esta Legislatura, que en principio terminará en marzo, tal y como recordó la portavoz Mar Moreno haciendo referencia a las apreciaciones que realizó José Antonio Griñán el lunes en presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a las elecciones generales.
La nueva Ley, que rompe el concepto de salud individual para establecer el de salud colectiva, marcará transversalmente todas las políticas de actuación de la Junta, especialmente en el planeamiento urbanístico, y además de la obligatoriedad de la evaluación de impacto, establece obligaciones y derechos de nueva generación, entre ellos el que se incluyan zonas verdes en las urbanizaciones, la prohibición del uso de materiales nocivos para la salud o el perímetro de seguridad de actividades o zonas industriales.
También incluye la obligatoriedad que tendrán los Ayuntamientos de establecer estrategias de movilidad sostenible o el derecho de los ciudadanos a conocer el estado epidemiológico de su zona o las condiciones de salubridad de los productos agroalimentarios.
Además de recoger por primera vez el principio de equidad generacional (que los actos no afecten negativamente de cara al futuro) y la corresponsabilidad de todos los actores, pone especial énfasis en el derecho a la información como algo proactivo e incluye un apartado sancionador, aunque sin ejemplificar, que pena cualquier conducta individual que provoque un daño a terceros.
Junto a la evaluación del impacto en la salud de la actividad económica, el proyecto también incluye la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.
Préstamos para viviendas
Por otro lado, el Consejo de Gobierno “ha recuperado”, en palabras de la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, la línea de préstamos reintegrables para incentivar la compra de viviendas libres actualmente en stock a la que se destinarán 978 millones de euros y que podría beneficiar a 72.000 familias.
La Junta retoma esta medida tras poner a disposición de los andaluces mil millones de euros en 2010 con el mismo objetivo, aunque sólo fueron invertidos 22 millones de euros. La cantidad restante, 978 millones, vuelve a ponerse a disposición de los ciudadanos una vez que se firme el acuerdo entre las consejerías de Hacienda y Obras Públicas, la CEA y las 20 entidades financieras que avalaron el programa.
Esta línea de préstamos reintegrables (para un máximo de 275.000 euros) se establece sobre el valor hipotecario, lo que reduce un 20% el precio total (equivalente a la entrada) y en un 40% de media la cuota en los tres primeros años de carencia.
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