Díaz Carrasco dice que las denuncias de "niños robados" en España proliferan ahora como una "avalancha" detrás de la cual se esconde el drama de miles de padres engañados con la muerte de sus bebés, que eran entregados después a otras familias a cambio de una suculenta cantidad de dinero.
A los padres se les impedía ver el cadáver del menor o se les mostraba a todos el mismo cuerpo ya que, según relata, en una clínica madrileña tenían una "niña congelada" a modo de muestra, mientras que en otro centro gaditano conservaban el cadáver de un varón, cuya fotografía obra ahora en manos de Flor.
De hecho, esta andaluza afincada en Irun (Guipúzcoa) sospecha que podría tener dos hermanos "desaparecidos", nacidos en un hospital de La Línea de La Concepción (Cádiz), uno de los cuales sería su mellizo, según ha constatado en el informe de su propio parto.
Además, en 1967, su madre dio de nuevo a luz en dicha clínica, donde una religiosa le comunicó el fallecimiento del pequeño, un varón de "casi seis kilos", y le impidió ver el cadáver hasta que la abuela paterna del menor se personó en el lugar y exigió vehementemente que le mostraran el cuerpo sin vida de su nieto.
La mujer "se las ingenió para llamar a un fotógrafo" y retratarse junto a aquel bebé muerto, instantánea que conserva Flor y que ha servido ahora -dice- para constatar que el cadáver de la imagen correspondería a un niño de entre 40 y 60 días y que ese mismo cuerpo fue enseñado como propio a "otras tres familias" que, al ver la imagen a través de la televisión, han denunciado también sus casos.
La historia de Flor es similar a la de otras miles de familias en España, cuyos bebés fueron robados por "tramas" en las que podían participar médicos, comadronas, monjas, curas, funcionarios de los registros o trabajadores de cementerios.
Andalucía, Cataluña y Madrid aglutinan, según comenta, la mayoría de los casos de "tráfico de bebés", muchos de los cuales están siendo denunciados ahora por familias que han visto confirmadas sus sospechas al escuchar testimonios demasiado "familiares" o al realizar trámites burocráticos.
Las familias que pagaban por los bebés eran también "engañadas", ya que les aseguraban que la madre del niño había fallecido o que lo daba voluntariamente en adopción, y pagaban suculentas cantidades de dinero, en alguna ocasión "a plazos", comenta.
Algunas de estas madres adoptivas ilegales, conscientes ahora de lo que sucedió, también se han puesto en contacto con esta asociación, que ya ha logrado algún "reencuentro", por ejemplo, en el País Vasco, donde una madre ha conocido a su hijo después de conservar durante décadas su "certificado de defunción".
La Fiscalía General rechaza una causa común
Anadir, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ha visto rechazada su petición, elevada a la Fiscalía General del Estado el pasado 27 de enero, para que se abriese una investigación conjunta por el caso de los bebés robados entre los años 50 a los 80 del siglo pasado. La intención era que desde la citada Fiscalía General se aunaran todos los casos en una denuncia única (Anadir presentó una denuncia conjunta con 261 casos de bebés presuntamente robados) y abriese una investigación en todo el territorio nacional.
Aunque la petición ha sido rechazada, la Fiscalía General apuesta, o mejor dicho, aboga porque los casos se investiguen a través de las distintas fiscalías provinciales, que en el caso de Cádiz estaríamos hablando de unos 40 denuncias presentadas que podrían aumentar a casi el doble debido a que el número de casos rondaría, como ya se ha publicado, el centenar, sobre todo en el Campo de Gibraltar, la comarca de La Janda y en la zona de la Bahía de Cádiz.
En este sentido, la Fiscalía General del Estado ha rechazado abrir una causa general para investigar los casos de 'niños robados' y ha instado a los demandantes a presentar una denuncia individualizada ante los órganos judiciales de los lugares en los que supuestamente se produjeron los delitos, informaron fuentes del Ministerio Público.
El departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido ha justificado su decisión en que los responsables de las sustracciones, llevadas a cabo en clínicas de toda España desde la década de los 40 hasta mediados de los 80, no integraban una única organización, sino que operaban en distintos puntos del territorio nacional.
La Asociación Nacional por Adopciones Irregulares (Anadir) presentó el pasado jueves ante la Fiscalía General del Estado una demanda colectiva que agrupaba a más de 200 afectados por las tramas de 'niños robados'. En Andalucía se han denunciado casos en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva.
Los miembros de la asociación, representada por el abogado Enrique Vila, acudieron a la sede de la Fiscalía portando pancartas en las que denunciaban la existencia de unos 30.000 casos relativos a la sustracción de niños recién nacidos en diversas clínicas, a cuyos progenitores se les comunicaba su fallecimiento, y que eran entregados a otras familias previa falsificación de los documentos necesarios.
NO HAN PRESCRITO
El presidente de Anadir, Antonio Barroso, explicó que entre los culpables de los robos de bebés se encuentran "médicos, comatronas, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del registro civil e incluso personal de los cementerios" y que las sustracciones se efectuaron "en todas las comunidades autónomas".
Indicó, además, que la asociación considera que los delitos cometidos por los implicados en las tramas no han prescrito a pesar del tiempo transcurrido dado que están relacionados con la apropiación ilegal de menores. "Se trata de secuestros que se mantienen a día de hoy", dijo.
Barroso explicó que desde Anadir consideran que los padres de adopción también fueron engañados por las tramas ya que no se les comunicaba en ningún caso que los menores fueran robados.
"Se ofrecían tres versiones, siempre las mismas, y se decía a los padres adoptivos que los bebés eran hijos de familias fallecidas en accidentes de tráfico o bien de madres drogadictas o prostitutas que no los querían", aclaró.
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