En 2023, año en el que Telefónica hizo un ERE que dejó a miles de trabajadores en la calle, la empresa se situó a la cabeza de las empresas del IBEX 35 en términos de subvenciones recibidas del Estado, acumulando más de 174 millones de euros según datos extraídos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Este volumen de ayudas públicas a una sola empresa plantea preguntas sobre la distribución de los fondos estatales y la dependencia de grandes corporaciones de las subvenciones.
Según una investigación de Civio, la mayor subvención individual a Telefónica superó los 90 millones de euros, adjudicada por el Ministerio de Transformación Digital bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. Este dato resalta la concentración de fondos públicos en proyectos específicos de grandes empresas.
Iberdrola se posicionó en segundo lugar con casi 108 millones de euros en subvenciones, repartidos en 149 expedientes, enfocándose mayoritariamente en la energía eólica. ArcelorMittal completó los tres primeros puestos, con más de 74 millones de euros en ayudas estatales para 24 expedientes, incluyendo una notable ayuda de 20 millones de euros relacionada con la compensación de costes por riesgo de fuga de carbono.
Curiosamente, las empresas que recibieron mayores ayudas a nivel general no forman parte del IBEX 35. Volkswagen encabezó esta lista con subvenciones que casi alcanzaron los 300 millones de euros, seguida por Envision Group y Avatel Telecom.
ENTRADA DE LA SEPI
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --dependiente del Ministerio de Hacienda-- comunicó este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la adquisición de un paquete accionarial de Telefónica equivalente al 3% del capital social de la compañía.
"En cumplimiento del acuerdo de Consejo de Ministros del pasado diciembre, que ordena a SEPI la compra de acciones hasta alcanzar un máximo del 10% de capital social de la compañía, la Sociedad Estatal ha alcanzado el 3%, comunicando la adquisición de participaciones significativas al alcanzar el umbral que prevé la normativa sobre la materia", detalla el organismo en un comunicado.
En ese sentido, el mandato del Gobierno a la SEPI para entrar en el capital social de Telefónica se produjo como reacción al sorpresivo desembarco del operador saudí STC --controlado por el fondo soberano del país, PIF (Public Investment Fund)-- en el accionariado de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete el pasado septiembre.
En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica, un 4,9% a través de acciones directas y el otro 5% mediante derivados financieros, en una operación valorada en 2.100 millones de euros.
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