Fuentes del caso informaron a Efe de que el juez sevillano que presidió el jurado popular dictó para ayer el ingreso en prisión de Marín y del contratista José Pardo, después de que en febrero pasado el Tribunal Supremo confirmase la condena contra ambos.
La petición de indulto y el posible recurso ante el Tribunal Constitucional, que están estudiando las defensas de ambos, no paralizan el ingreso el prisión, añadieron las fuentes.
Explicaron que Marín optó por acudir la noche del miércoles voluntariamente a la cárcel de Sevilla-I para eludir la posible presencia de medios de comunicación.
En cuanto a Pardo, pidió ayer que su condena de cárcel sea conmutada por una multa, por lo que no se presentó ante el tribunal para ingresar en prisión.
Su abogado informó a los periodistas de que el miércoles, nada más ser notificado de la orden de ingreso en prisión, presentó un escrito ante el juez de la Audiencia de Sevilla que presidió el jurado popular en el que solicita que la pena de cárcel sea conmutada por una multa, según prevé la ley.
Marín fue condenado por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento oficial, al pagar seis facturas falsas por obras menores que "no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente", y Pardo por los mismos delitos.
Pardo fue condenado porque a finales de 2002 y comienzos de 2003 presentó al Ayuntamiento varias facturas "pese a conocer que los trabajos no se habían ejecutado o lo habían sido solo parcialmente" y lo hizo aparentando actuar por cuenta de Contratas y Obras Sevilla (COS), pese a que sabía que la empresa había cesado su actividad a finales de 2002 y que ya no tenía la representación de la misma.
En cuanto a Marín, que tenía la condición de funcionario público, la sentencia de la Audiencia afirmó que "conscientemente permitió que Pardo cobrara por obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas, pese a conocer que éstas no se habían ejecutado", y que éste pretendía "obtener más dinero del que le correspondería".
El posterior fallo del TSJA confirmó además el importe de la defraudación, 5.901 euros que los acusados deberán devolver al Ayuntamiento, así como una multa de 2.400 euros y 6 años de inhabilitación absoluta para Marín, y de 2.160 euros para Pardo.
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