La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado que el nuevo Ingreso Por la Infancia y la Inclusión (IPII) que ha diseñado el Gobierno andaluz "incidirá en la formación y educación" de las personas beneficiarias a través de itinerarios sociolaborales y en la permanencia de los menores en el sistema educativo como medio para salir de la exclusión social.
Asimismo, ha subrayado que esto, unido al hecho de que el IPII será compatible con el empleo y el Ingreso Mínimo Vital del Estado, "hace de esta ayuda una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza estructural que sufre Andalucía", según ha trasladado la Junta en un comunicado.
Esta prestación sustituirá a la actual Renta Mínima de Inserción Social y contempla un itinerario formativo y un proyecto de inserción social y laboral además de los recursos económicos "para que todos los andaluces y andaluzas tengan las mismas oportunidades", ha subrayado.
Así, ha explicado que se trata de una prestación garantizada mensual y que, por tanto, tiene carácter complementario con cualquiera de los recursos de los que disponga la unidad de convivencia derivados de rendimientos del trabajo o del patrimonio que resulten insuficientes, así como con las prestaciones económicas y de servicios.
El borrador de Decreto del Ingreso Por la Infancia y la Inclusión está concluido y, según ha informado Ruiz, en breve comenzará su proceso de tramitación y consenso con el resto de formaciones políticas, entidades y agentes sociales.
Por otra parte, la titular de políticas sociales se ha referido al último Informe de la Fundación Foessa sobre la pobreza en Andalucía, del que ha destacado la situación excepcional que ha experimentado la sociedad española como consecuencia de la pandemia por Covid-19 y el impacto social que ha tenido en las personas y en los hogares, que ha truncado la tendencia a la reducción de la desigualdad.
A diferencia de crisis anteriores, la Junta ha indicado que el informe subraya que ha habido una respuesta más rápida y global de las políticas públicas para contener el aumento de las necesidades sociales.
Sin embargo, Ruiz se ha referido al hecho de que la pandemia haya afectado más a quienes ya eran más vulnerables antes de esta nueva crisis, ante el riesgo de cronicidad y su fractura respecto del resto de la sociedad. "La exclusión social ha aumentado muy notablemente y, sobre todo, lo han hecho las situaciones de exclusión más severas", ha señalado.
Concretamente, la exclusión social crece por encima de la media en las Comunidades más pobladas, ha hecho hincapié en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer y en el caso de la población juvenil.
"Con el IPII estamos trabajando en una gran estrategia que permita corregir de forma estructural este problema que lleva enquistado décadas en nuestra Comunidad y que gira en torno a toda esta revolución social que está desplegando la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en la presente legislatura. Así, estamos pasando de las políticas asistencialistas de antaño a las políticas de inclusión a través de las que generar oportunidades para que todas las personas puedan desplegar su máximo potencial", ha detallado la consejera.
Por otra parte, ha explicado que esta fórmula ya se está aplicando en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social (Eracis), cofinanciada con fondos europeos y que "ha sido todo un éxito".
Así, se ha invertido 150 millones de euros en zonas desfavorecidas de Andalucía, que ha permitido que más de 33.000 andaluces y andaluzas hayan conseguido un proyecto de vida a través de itinerarios de inserción personalizados.
Junta ha resaltado que el IPII permitirá dar cobertura a situaciones que pudieran quedar fuera del Ingreso Mínimo Vital. Su proyecto de texto articulado fija como objeto de la prestación el derecho subjetivo a cubrir las necesidades básicas que permitan un desarrollo integral de la persona y la inserción e inclusión social por medio de un itinerario señalado en un plan de inserción social.
Asimismo, sus objetivos principales sitúan al menor en el centro de la atención y se orientan a reducir los índices de pobreza infantil, erradicar la marginación y la desigualdad y garantizar la atención a las situaciones de exclusión social.
Según ha explicado la consejera, "Andalucía ha soportado tasas muy elevadas de riesgo de pobreza o exclusión social, siempre muy encima de la media nacional y en las posiciones más altas en la ordenación de regiones".
Concretamente, desde el año 2008, su tasa Arope se incrementó en 3,5 puntos porcentuales, lo que tuvo como consecuencia un incremento de 414.000 nuevas personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Junta ha concluido que, en total, en el año 2020, Andalucía registraba 2,97 millones de personas en esta situación. El informe de EAPN para el año 2021 refleja que el 35,1% de la población en Andalucía estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en el año 2020.
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