Andalucía

Medio millón de trabajadores afectados por los 90.250 ERTE

La paralización de gran parte de la actividad económica ha disparado los expedientes de regulación temporal de empleo de las empresas andaluzas

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  • Juan Marín. -

Andalucía lidera la avalancha de ERTE en toda España y pone a prueba a los servicios públicos de empleo. La cifra de expedientes de regulación temporales de empleo asciende a 90.250 y afecta a un total de 457.944 trabajadores de la comunidad autónoma andaluza, según los datos facilitados este martes por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta.

Hace ya más de un mes desde que el Gobierno de España decretara el estado de alarma y la cifra de trabajadores afectados por la paralización de la actividad de las empresas se dispara día tras día. Málaga es la provincia andaluza a la cabeza, con un total de 21.563, seguida de Sevilla con 20.298, Cádiz con 13.020 y Granada con 10.642. La lista la completan Córdoba, con un total de 7.329; Almería, con 6.943; Jaén, con 5.382, y Huelva, con 4.185.

Tal avalancha ha llevado a los servicios públicos, mermados tras años de recortes, a afrontar una carga de trabajo sin precedentes. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) trabaja a contrarreloj para tramitar todas las prestaciones por desempleo que va recibiendo a lo largo de estas semanas de confinamiento por la propagación del coronavirus.

Tras la reunión del gabinete de crisis en el Palacio de San Telmo el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha indicado en una comparecencia telemática que existen otras 434 solicitudes de ERTE en Andalucía sin especificar la provincia y 454 expedientes que corresponden a empresas con ubicaciones en varias provincias y que se tramitan directamente desde la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo.

Paralelamente, el vicepresidente ha precisado que Empleo ha vuelto a enviar una carta al Gobierno central para reclamar una “posición clara” sobre los fijos discontinuos y su tratamiento en los ERTE. Según la Consejería de Empleo, desde la Junta se ha vuelto a pedir “aclaraciones e instrucciones claras y precisas sobre los fijos discontinuos, ya que Baleares y Cataluña están incluyendo a este colectivo en su totalidad frente al criterio de interpretación sobre la normativa actual que están siguiendo el resto de comunidades autónomas”.

“En principio entendemos que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no se haría cargo de las prestaciones de todos los miembros del colectivo de forma igualitaria”, han explicado fuentes de la Consejería de Empleo a Europa Press, mientras que han incidido en que solicitan una “posición clara del Ministerio y que desarrolle su papel competencial con claridad y precisión”.

De no hacerlo, han considerado desde Empleo, “puede estar indirectamente beneficiando a unas comunidades sobre a otras y discriminando a unos fijos discontinuos de unas CCAA sobre otros de otras”.

Incorporación de funcionarios

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado la incorporación gradual de 1.600 funcionarios de Justicia a sus puestos de manera presencial.

Estos días hay mucha “controversia” por el número de funcionarios públicos que se incorporan de manera presencial a sus puestos de trabajo. Así, Marín ha añadido que, en materia de justicia, la Consejería se ha visto “obligada” a ampliar el número de funcionarios que prestan sus servicios de manera presencial en las sedes judiciales andaluzas, por orden dictada ayer por Ministerio de Justicia.

Ha querido dejar claro que se está dotando a todas las sedes judiciales del material necesario de protección para estos trabajadores, tras la compra de más de 100.000 mascarillas, mamparas y de 1.000 litros de hidrogeles. Ha garantizado que aunque puntualmente en este momento algún funcionario no disponga de todo el material de protección, se va suministrar dado que los trabajadores se van incorporando gradualmente.

Sobre la incorporación de forma progresiva de todos los cuerpos directivos políticos de la Junta, ha indicado que a lo largo de esta semana estarán todos incorporados a sus puestos de manera presencial, para poder llevar a cabo la elaboración de propuestas de planes de reincorporación de las distintas consejerías.

Marín ha explicado que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha empezado a tener contactos con los representantes sindicales a lo largo de este martes para abordar de forma consensuada la reincorporación de los funcionarios.

Ha dicho que la Junta que se ha situado en la vanguardia de las administraciones en materia de teletrabajo y ha apuntado que se ha cuadruplicado la estructura, de manera que 70.000 empleados públicos están conectados a día de hoy desde sus hogares y 30.000 están usando las herramientas de la Junta para reuniones telemáticas o videoconferencias.

La Junta pide “lealtad” al Gobierno

Tras el gabinete de crisis por el coronavirus, el Ejecutivo andaluz ha querido denunciar el “juego sucio” del PSOE hacia la Junta en la crisis del coronavirus y ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que “no puede pedir lealtad si no pide a sus compañeros que la haya también con la Junta”.

Y es que diputaciones y ayuntamientos socialistas acusan a la Junta en varios documentos de “requisar” material sanitario. “Esto es juego sucio, y el Gobierno de España no puede pedir lealtad si no le pide al PSOE en Andalucía que tenga esa misma lealtad con la Junta”, ha dicho el vicepresidente andaluz, que ha añadido que es “falso” que la Junta pueda requisar material puesto que no tiene “ni potestad ni competencia” para ello, ya que existe un “mando único” en la crisis que es el Ministerio de Sanidad.

Marín ha señalado que “mentir está mal, pero hacerlo con un interés partidista pone de manifiesto la deslealtad absoluta del PSOE en la comunidad”.

Ha asegurado que “el discurso de lealtad de Sánchez tiene la mano tendida por parte del Gobierno andaluz, pero hablando, debatiendo, consensuando y escuchando propuestas, para que luego decidan las personas que tienen la responsabilidad de hacerlo” y ha lamentado que se esté “en una política de hechos consumados”.

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