De este modo, según señaló la consejera durante su comparecencia en el Parlamento andaluz, mientras en España la población que vive en el umbral de pobreza severa se sitúa en el 3,9 por ciento, en Andalucía es del 4,5 por ciento. No obstante, incidió, en lo relativo a la pobreza moderada --5.528 euros al año por persona-- y alta --3.836 euros-- la comunidad andaluza no alcanza la media nacional.
Asimismo, Navarro destacó que a las familias andaluzas que viven una situación de exclusión social estructural, se han sumado nuevos perfiles "muy diferentes" como consecuencia de la crisis económica, para los que las Administraciones deben de adaptar los itinerarios y recursos de inclusión.
En este sentido, afirmó que la coyuntura de crisis económica que se atraviesa en la actualidad, ha impulsado al Gobierno andaluz a situar la política social en un lugar "prioritario, con especial atención a los sectores más necesitados de atención y protección".
Así, subrayó que desde febrero de 2008 la Junta de Andalucía ha puesto en marcha 48 medidas para impulsar la actividad económica que han movilizado más de 1.000 millones de euros, incidiendo en las causas de la crisis económica o en paliar las consecuencias de la misa sobre el empleo y la renta de las familias.
Entre ellas, destacó las medidas relativas a la creación de empleo, encauzadas a través del Plan Memta o el Proteja, a los que se destinan en la actualidad más de 450 millones de euros; nuevas líneas de formación; financiación de inversiones generadoras de empleo o incentivos a las pymes, que en 2009 alcanzarán los 210 millones de euros; promoción del acceso a la vivienda; gratuidad del transporte escolar extendida a todo el alumnado de educación infantil o la articulación de las becas 6.000 en educación secundaria o Bachillerato.
Asimismo, subrayó que la Junta de Andalucía ha destinado en lo que va de año 60 millones de euros a financiar el programa de salario social que perciben las unidades familiares con menos ingresos económicos. Concretamente, hasta el pasado 20 de julio, se registraron 22.468 solicitudes para percibir el salario social, un 22,9 por ciento más que en el periodo de 2008.
Además, defendió que se han incrementado en un ocho por ciento la ayuda extraordinaria que concede a quienes perciben una pensión no contributiva --un complemento del que se han beneficiado unas 130.000 personas--, se ha consolidado la Red Andaluza de Servicios Sociales, se ha ampliado en 200 millones de euros el fondo destinado a financiar los servicios de la Ley de la Dependencia y se trabaja en programas especializados para atender las necesidades de la población gitana, inmigrante y emigrante, drogodependiente, reclusa o afectada por la prostitución.
Igualmente, informó de que se ha constituido el Grupo de Trabajo de Expertos de Personas sin Hogar con el fin de elaborar un plan de intervención con este colectivo, en colaboración con los ayuntamientos y entidades sociales.
Por otro lado, indicó que, en términos absolutos, el presupuesto destinado por el Gobierno andaluz al gasto social "no ha dejado de crecer en los últimos años", situándose en la comunidad en 24,47 euros por habitante frente al 20,65 de media nacional y por encima de CCAA como Cataluña, Madrid o Valencia.
Por último, recordó que 2010 va a ser "crucial" para la lucha contra la pobreza, ya que el próximo año ha sido declarado como Año Europeo contra la pobreza y la Exclusión Social, y se reforzarán las estrategias de España en esta materia gracias al nuevo modelo de financiación autonómica y la Ley de Economía Sostenible.
"RETRASOS" EN LA LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL
Por su parte, la diputada del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía María Dolores López Gabarro incidió en que en la actualidad "no puede vincularse sólo la pobreza a la población inmigrante o colectivos tradicionalmente vulnerables", ya que han surgido nuevas figuras de exclusión social, como familias trabajadoras que han perdido su empleo y "tienen que acudir cada día a los comedores y servicios sociales de los ayuntamientos".
En esta línea, lamentó el "desbordamiento" que experimentan los servicios sociales desarrollados por los ayuntamientos, que financian, según apuntó, el 55,56 por ciento de los mismos y demandó a la Consejería que incremente la cuantía de los convenios establecidos con organizaciones de auxilio social como Cáritas.
Por otro lado, criticó el "retraso de nueve años" que experimenta la puesta en marcha de la futura Ley de Inclusión Social, una "promesa" del PSOE desde el año 2000 que "sigue sin aparecer en plena crisis económica".
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