El Grupo Socialista en el Congreso y en el Senado ha anunciado que retomará esta semana el "problema laboral" de los vigilantes de seguridad de los edificios pertenecientes al Ministerio de Defensa, elevando iniciativas para "presionar al Gobierno en su política de contratación de empresas que prestan servicios en dependencias públicas y no respetan el convenio nacional".
Según ha indicado el PSOE a Europa Press, sólo en Defensa, el conflicto laboral afecta a 450 trabajadores en España y de éstos, medio centenar se encuentran destinados en la provincia de Cádiz.
Por su parte, la diputada nacional del PSOE por la provincia Miryam Alconchel ha señalado que "a partir del 1 de mayo entra en vigor el contrato de adjudicación del Ministerio de Defensa a Marsegur Seguridad Privada", y ha añadido que "esperamos que desistan de imponer la precariedad en los salarios de los empleados como habían anunciado a los trabajadores y se avengan a razones, así como que no veamos nóminas a la baja".
Alconchel ha recordado que ha registrado preguntas al Gobierno en relación a este conflicto, en el que sostiene "que el Gobierno no puede mirar para otro lado y amparar la explotación laboral en edificios públicos".
En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha adjudicado recientemente a Marsegur el contrato por valor de 19 millones de euros del Ministerio de Defensa, "a pesar de ser una empresa denunciada en los tribunales de justicia porque aplica su propio convenio en lugar del estatal, que es más favorable a los trabajadores".
Alconchel ha recordado que en su pregunta parlamentaria denunciaba los "temores de la plantilla sobre la aplicación de una reducción de salarial media de un 45 por ciento sobre lo que han venido cobrando con la empresa cesante", y advertía al Ministerio de "ser cómplice de la barbaridad de conducir a este colectivo del mileurismo a la indigencia laboral, ya que con las condiciones que pretenden imponer los sueldos nunca superarían los 750 euros".
En este sentido, Alconchel ha señalado que la respuesta parlamentaria ofrecida, "el Gobierno justifica, como en otras concesiones realizadas a la misma empresa en otros ministerios, que presentan la oferta económicamente más ventajosa", lo que a juicio de la dirigente socialista es "a costa de quitar derechos adquiridos a los trabajadores".
Asimismo, Alconchel ha destacado las "propias incoherencias del Gobierno", ya que "si bien por un lado dice que los órganos de contratación no deben, ni pueden, interferir en el funcionamiento y organización internos de una empresa contratista, ni en la forma en la que se conduzca la negociación colectiva, por otro lado, asegura que ello no significa que el órgano de contratación pueda desatender el hecho de que la contratista debe cumplir, escrupulosamente, la normativa de carácter social, laboral, y de Seguridad Social durante la prestación de los servicios".
"La realidad es que estamos hablando de una empresa de la que es accionista Miguel Ángel Ramírez, cuya empresa Seguridad Integral Canaria que antes ganaba todos los contratos está siendo investigada por fraude fiscal y fraude a la Seguridad Social", ha manifestado Alconchel, que ha apuntando "la paradoja de que habiendo subido de 16 a 19 millones el contrato de Defensa con el cambio de nombre de la empresa quieran ahora pagarle menos a los trabajadores".
Por ello, la diputada ha asegurado que "el PSOE llegará hasta el final en este asunto que no huele nada bien, pues existe una extraña concentración de contratos hacia una misma empresa denunciada en los tribunales por no respetar convenio que además está vinculada a un empresario canario, condenado e indultado por el Gobierno del PP en 2013 y que vuelve a estar investigado por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social".
Alconchel ha destacado que el Gobierno "reconoce" en la respuesta parlamentaria que el Pliego de Cláusulas del acuerdo marco de servicios de vigilancia para el Ministerio de Defensa configura, como condición especial de ejecución, con el carácter de obligación esencial, el cumplimiento de las obligaciones laborales y con la Seguridad Social, tributarias, y de cumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales y de coordinación de actividades empresariales, por parte del contratista, en relación con el personal que presta los servicios.
Por ello, para la dirigente socialista, "si es verdad que el incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar al órgano de contratación a resolver el acuerdo marco, cómo es posible que el Gobierno no tenga en cuenta que la filial de esta empresa ya ha generado una deuda en cotizaciones a la Seguridad Social de once millones de euros y debe nueve millones a Hacienda".
El Gobierno "ahora a posteriori y tras haber permitido la nueva concesión, dice que ha elevado consultas para ver la posibilidad de incluir, como criterio de valoración de ofertas para futuros contratos, el compromiso de la empresa licitadora de aplicar las condiciones establecidas en el convenio colectivo estatal, si son más favorables".
Para Alconchel, no se entiende "por qué ese brindis al futuro cuando tiene en estos momentos una papeleta que resolver, por qué si la empresa está denunciada por aplicar un convenio por debajo del estatal no ha tomado cartas ya en el asunto".
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