Hace cuatro años, se podría decir que Teodoro Leandre era un hombre feliz. Estaba separado, pero disfrutaba de su hijo de ocho años cada vez que le tocaba, tenía trabajo y vivía en Gibraleón. En cuatro años, su físico es fiel reflejo del calvario que ha pasado. Su pelo se ha tornado gris, su rostro se ha llenado de arrugas, y su cuerpo ha menguado tanto que ha tenido que hacerle más agujeros al cinturón. Sólo tiene 50 años, pero aparenta más.
De los últimos cuatro años, más de tres los ha pasado entre rejas, esperando esa Justicia que no acababa de llegar. Ahora está en libertad, absuelto, pero en el camino se ha dejado la relación con su hijo y unos derechos que siente que han pisoteado.
Teodoro ha sido absuelto de unas acusaciones duras, muy duras, que lo presentaban como un monstruo, un depredador sexual que habría abusado de su hijo, unos hechos que siempre negó y que, finalmente, la Justicia no da por probados, y por tanto lo absuelve.
Pero para llegar a ese punto, Teodoro, su familia, y su abogada han tenido que vivir su particular travesía en el desierto.
Los hechos se remontan a enero de 2013, cuando su expareja presenta una denuncia en la Policía Nacional de Huelva por un supuesto delito de exhibición de material pornográfico. Después amplía la denuncia a agresión sexual al hijo de ambos. Acude una primera vez a declarar y queda en libertad con cargos, pero su expareja empieza a ampliar la denuncia, basándose en el supuesto testimonio del menor. “Lo acusa de la perversión más grande”, explica a Viva Huelva su abogada, Ana María de Silva.
Dos meses después, amparándose en un preinforme de psicólogos que dan credibilidad absoluta al testimonio del niño, se pide la prisión preventiva. En marzo de 2013 Teodoro ingresa en la prisión de Huelva, de la que no saldría hasta tres años, dos meses y tres días después.
La instrucción se dilata en exceso porque, según su abogada, “tuve que interponer muchos recursos porque se me denegaban casi todas las peticiones, he tenido que pelear cada prueba en la Audiencia”.
Llegó el juicio en la Audiencia de Huelva, del que sale condenado a 14 años de cárcel, 40.000 euros de indemnización y ni acercarse al niño. Su abogada pide la recusación de toda la sala, al entender que están contaminados porque precisamente han participado en muchos de los recursos interpuestos durante la instrucción.
El Supremo le da la razón y se repite el juicio. Esta vez todo es distinto. La Sección Tercera dicta en mayo de 2016 sentencia absolutoria. Entre otros aspectos, pone en cuestión la evaluación del testimonio del menor: “De la única prueba procesalmente admitida no deducimos sino el empeño de la psicóloga en arrancar del menor lo que ya dijera, la corroboración de lo que ya se da por hecho, cosa que no logra sino con muchos esfuerzos y sólo en parte, nuevamente con respuestas que no pueden calificarse de relato, con contestaciones mecánicas y poco naturales”. De hecho, la sentencia destaca la “impresión que la Sala tiene sobre la inadecuada técnica empleada para intentar calibrar el grado de credibilidad del menor”.
La acusación particular recurre la sentencia, pero Teodoro sale de la cárcel, a la espera de la resolución final, que vendrá de la mano del Supremo en enero de este año, que desestima el recurso.
Ahora Teodoro va a solicitar una indemnización por su “injusta” privación de libertad, y su abogada no descarta emprender más acciones legales para “resarcir el daño hecho”, aunque Teodoro sabe que es irreparable, pues su hijo ha sido tratado en más de cien sesiones por unos abusos que la Justicia no da por probados. El abismo entre padre e hijo es difícil de salvar: “Tengo un hijo como si estuviera muerto. Yo me levanto por la mañana y me da igual ocho que ochenta”.
Por ello, como “el daño está hecho”, lo que le preocupa a Teodoro es “buscar soluciones, y la solución es hacer algo para que este sistema no vuelva a cometer más un error de este calibre, que es una barbaridad”.
“Gracias a Dios, en la cárcel he tenido unos compañeros fantásticos. Los que me han hecho daño en la cárcel han sido los jueces con sus recursos y con sus contestaciones”, apunta, para añadir que ahora mismo su objetivo es doble: “Por un lado, recuperar a mi hijo, pero también que en este país se vuelvan a respetar los derechos de los ciudadanos”.
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