Si cumple 65 años y está a punto de jubilarse puede que su empresa le diga adiós agradeciéndole simplemente los servicios prestados. Si por contra trabaja en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y decide marcharse a casa a esa edad sin prolongar ni un día su vida laboral tendrá derecho además a un premio de 20.000 euros. Ocurrirá tras entrar en vigor el acuerdo adoptado el pasado día 9 por la Junta de Coordinación y Régimen Interior de la institución que preside Jesús Maeztu.
La medida tiene difícil encaje en tiempos en los que la Administración central baraja justo lo contrario: incentivar que los trabajadores extiendan su periodo de cotización más allá de los 65 años en pleno debate sobre el futuro de las pensiones y la sostenibilidad del sistema. El PP llegó a incluir en el programa electoral con el que concurrió a las últimas elecciones la posibilidad de que los empleados puedan cobrar el 100% de la pensión compatibilizándolo con continuar en el puesto sin jubilarse. La propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, planteó su aplicación hace apenas un mes. La medida impulsada por el Defensor promueve justo lo contrario: premiar a quien se vaya a casa cuando le corresponde.
La iniciativa no es nueva. De hecho en el acuerdo consultado por E. Press se reconoce que era una idea que planeaba sobre la institución desde 2012 pero que se desechó por los recortes en tiempos de crisis. Ahora que la recesión es historia comenzará a aplicarse. El Defensor toma en realidad prestada una polémica decisión que ya aprobó en 2005 el Parlamento de Andalucía para su personal y que fue incluso más lejos al aprobar premios similares por una cuantía superior a los 36.0o0 euros al alcanzar la frontera de los 65 años.
Según reza en las bases del acuerdo, puede acogerse incluso con carácter retroactivo todo el personal jubilado con posterioridad a 2005. Si han percibido ya algún tipo de premio similar el nuevo equivaldrá a la diferencia hasta alcanzar los 20.000 euros. La única salvedad es que exista dotación presupuestaria.
Sólo diez años
La Oficina del Defensor remite a aquel acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de hace 11 años y que copia literalmente en el apartado de requisitos. Entonces quedaron bajo el paraguas de los premios de jubilación todos los funcionarios en situación de servicio activo con al menos diez años de trabajo ininterrumpidos para la institución justo antes de alcanzar los 65. También si habían trabajado en el Hospital de las Cinco Llagas sólo los cinco años anteriores a la jubilación pero se lograba acreditar hasta 15 años en total.
La Oficina del Defensor defiende la medida porque cree que la reactivación económica abre la puerta a la recuperación por parte del personal público de aquellas condiciones económicas y laborales detraídas durante la crisis.
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