Al hilo de la liberación de los tres periodistas españoles en Siria, se planteaba el debate que me pareció muy interesante sobre si España ha de pagar esos rescates. Sinceramente no tengo nada clara mi opinión. Veo por un lado que en general la mayoría se inclina claramente por ese empleo del dinero para salvar esas vidas y que sin duda si nos tocaran esos secuestros de cerca apoyaríamos tal solución. Pero por otro lado, creo que la política seguida con ETA fue la contraria y dio claros resultados, y junto a ello que ese dinero puede precisamente servir para que se realicen atentados matando muchas personas o para que se hagan otros secuestros. Lo que desde luego sucede es que se transmite el claro mensaje de que secuestrar españoles se convierte en un negocio en esas zonas, frente a otros países que muestran otra política distinta. Y a su vez con ese apoyo a los periodistas apoyamos también la libertad de expresión y el derecho a conocer lo que sucede. Desde luego, es una alegría ver la felicidad de esas personas y sus familias. Pero no tengo seguridad en que se ponga el mismo empeño con otros secuestrados, como pueden ser misioneros, religiosos en general, cooperantes o simples turistas, y eso sí que no sería de recibo. El apoyo del Estado debe ser el mismo en todos los casos.
Y junto a ello no puedo sino congratularme con algunas últimas resoluciones judiciales en materia de prevaricación, que no hacen sino seguir el camino de que es necesario condenar ese delito cuando realmente se produce, pero que deben fijarse unos límites claros que hagan que los tribunales dejen de usarse como un arma para atacar y cortar carreras políticas por parte de sus rivales cuando no son capaces de ganar en las urnas sin más.
Como han señalado recientemente el Tribunal Supremo o el Juzgado 8 de Sevilla en relación con políticos de signo político contrapuesto, es necesario que la autoridad o funcionario actúe con plena consciencia y conocimiento de que resuelva en contra del ordenamiento y que ocasiona un resultado materialmente injusto, antepone su voluntad a cualquier otro razonamiento y actúa así porque quiere ese resultado, siendo necesaria una prueba que no deje duda alguna sobre esa intención dolosa. Creo que no pueden quedar impunes conductas delictivas y que hay que perseguirlas y castigarlas con todos los medios. Pero también que debemos fijar los márgenes al uso de los juzgados de lo Penal para atacar actuaciones y cargos que deben ser ganados en las elecciones y no en los tribunales.
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