El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado los recursos presentados por el Ayuntamiento y la empresa Cemusa contra la sentencia que declara nulo el convenio suscrito en 2012 que permitió a la mercantil de las marquesinas de autobuses abonar en especie parte del canon e implantar el actual sistema de préstamo de bicicletas. El Alto Tribunal andaluz refrenda así que se produjo una “flagrante vulneración” de la normativa sobre contratación pública. Una decisión que pone en jaque el futuro del servicio, aunque la edil de Movilidad, la popular Elvira Maeso, ha defendido que “no tendrá ninguna consecuencia, las bicicletas ya son propiedad del Ayuntamiento”.
La responsable apuntó a que ahora hay dos opciones: “desde no hacer nada hasta sacar el mantenimiento a concurso”. Una decisión que será cuestionada por el Partido Socialista quien echó en cara al equipo de Gobierno popular sus planes, “por vulnerar la normativa sobre contratación de las administraciones públicas, por la falta de libre concurrencia a la hora de otorgar la concesión”.
“El alcalde ha colocado a la ciudad en una posición muy precaria que obliga a las arcas públicas a gastar 13 millones de euros por un sistema que presenta, además, deficiencias en el mantenimiento y cuidado de las bicicletas”, criticó la portavoz socialista, María Gámez. Entre los planes del Ejecutivo municipal, ampliar el servicio de alquiler con un millar de bicicletas más alcanzando el centenar de estaciones en la capital, que sigue así su empeño en promover y fomentar la movilidad sostenible.
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