El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha tomado este miércoles declaración a seis personas, en calidad de imputadas, tras protagonizar un encierro reivindicativo en la sucursal del banco Santander de la calle Campana, dentro de las protestas promovidas por las personas acampadas en Coria del Río en demanda de la reestructuración de sus hipotecas. Mientras se les atribuyen presuntos delitos de ocupación indebida, coacciones y desobediencia, ellos defienden que se trató de una protesta "pacífica" interrumpida por la actuación de la Policía Nacional.
Una portavoz de los imputados ha informado a Europa Press de que durante estas seis comparecencias, habría quedado de relieve que la Fiscalía atribuye a los imputados presuntos delitos de desobediencia, mientras la representación del banco Santander, como acusación particular, les achacaría además presuntos delitos de ocupación indebida y coacciones. Los imputados, por contra, defienden que se trataba de "una acción totalmente pacífica y a nivel estatal". A tal efecto, su relato de los hechos sostiene que el encierro en la sucursal bancaria transcurría sin altercados hasta que hizo acto de presencia la Policía Nacional, "esposando" y desalojando a todos estos activistas.
Después de que este miércoles hayan prestado declaración seis de los imputados, el próximo miércoles están llamados otros seis, entre ellos la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato, también imputada en esta causa judicial.
ENCIERRO EN UNA SUCURSAL
Los detenidos y ahora citados como imputados, recordémoslo, son varios miembros de las familias acampadas en Coria del Río hasta finales de 2015 en demanda de la renegociación de sus hipotecas, otros activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la concejal de Participa Cristina Honorato. Tras su arresto aquel 11 de noviembre, todos ellos fueron conducidos a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, donde se les atribuyeron presuntos delitos de desobediencia, coacciones, desórdenes públicos, "amenazas y hostigamiento".
Tras acogerse a su derecho a no declarar aquella misma jornada, la Policía Nacional les fue poniendo uno a uno en libertad con cargos, remitiendo el asunto a los juzgados, toda vez que la causa ha recaído en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, desde donde se investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, es decir la supuesta trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
HONORATO NIEGA CUALQUIER GESTO DE VIOLENCIA
Tras ser liberada de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Cristina Honorato manifestaba a Europa Press que durante el citado encierro de protesta, no medió ningún gesto de violencia. "No hicimos nada. Nos sentamos, el guardia nos instó a marcharnos cuando llegó la hora de cierre (de la sucursal) y después de que dijésemos que no nos íbamos hasta tener una solución para estas familias, llegó la Policía", aseguraba.
Respecto a las personas acampadas ante una sucursal del banco Santander de Coria del Río en demanda de la reestructuración de sus hipotecas, los protagonistas de este conflicto en cuestión, levantaron su acampada y concluyeron sus movilizaciones a finales de 2015 después de haber visto "resueltos" sus casos mediante la negociación.
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