La defensa de los cinco procesados por su participación en la ocupación ciudadana del edificio Valcárcel de Cádiz en 2011 ha mostrado su malestar por la "filtración" a los medios de comunicación de la sentencia, la cual ha explicado que aún no les ha sido notificada.
En declaraciones a Europa Press, la abogada de 'Valcárcel Recuperado', Mari Luz Moreno, ha explicado que "no es la primera vez que esto pasa" y, por ello, han planteado "denunciar el hecho".
Según han publicado varios medios de comunicación, el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz ha condenado a los cinco procesados a una multa de 520 euros --seis euros diarios durante tres meses--, al considerarles culpables de un delito de usurpación.La sentencia es recurrible, pero "aún no hemos podido verla y analizarla para tomar una decisión al respecto", ha dicho la abogada. Asimismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que la resolución está en los medios desde el jueves, es decir, que "la tiene todo el mundo y a nosotros aún no se nos ha notificado", por lo que ha insistido en que presentarán una denuncia.
Cabe recordar que los cinco miembros de 'Valcárcel Recuperados' fueron juzgados el pasado mes de julio, cuando la letrada pidió la libre absolución de todos ellos argumentando que "no hay delito" de usurpación de bienes inmuebles del que se les acusa, entre otras cuestiones porque "no había posesión del edificio", que estaba "abandonado".
Asimismo, argumentó en su día que lo que se hizo por parte de una serie de personas fue "una reivindicación, no una ocupación", añadiendo que "tampoco hubo ánimo de lucro" ni se cumple "ninguno de los elementos del tipo delictivo" que se les imputa.
De la misma manera, expuso ante el tribunal que, aunque no es lo que se está juzgando en este procedimiento, "si alguien ha podido incurrir en delito" serían Zaragoza Urbana --empresa que adquirió el inmueble para construir un hotel de cinco estrellas que no ha llegado a realizarse y que emprendió las acciones legales contra los procesados-- y la Diputación de Cádiz, que "estaban haciendo dejación de funciones como propietarias o poseedoras de un edificio público", que además está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Como se recordará, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron seis meses de multa --el máximo legal previsto--, responsabilidad civil y costas.
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