El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha propuesto hoy una reforma legislativa para volver en España a un "sistema de justicia universal pura".
El magistrado ha expuesto este planteamiento en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde ha pronunciado una conferencia sobre justicia universal en los cursos de verano de la Universidad Complutense.
Velasco ha pedido modificar la actual redacción legal "para volver a un sistema de justicia universal pura en el que no se condicione de ninguna manera su ejercicio".
Ha advertido de que "la justicia universal es una exigencia internacional porque se trata de combatir los crímenes más duros y execrables que gente realiza contra la humanidad ".
"Cuando un dictador masacra, persigue sistemáticamente y mata a personas por razón de raza, religión o nacionalidad no está matando solo a esas personas, está matándonos un poco a toda la humanidad", ha comentado.
Velasco ha añadido que, "por lo tanto, si los tribunales penales internacionales no responden a esas masacres hay que responder con las legislaciones internas de todos los estados de manera que ningún dictador ni asesino pueda refugiarse en un país y no ser juzgado".
En este marco ha insistido en su propuesta "sobre todo para los crímenes contra la humanidad en primer grado, es decir, genocidio, crímenes de lesa humanidad y en el ejercicio de la guerra".
El objetivo de su planteamiento es que "España no condicione de ninguna manera la posible persecución a los genocidas y a las personas que masacran y sistemáticamente persiguen a la población civil o hacen crímenes horrorosos con la disculpa de la guerra", ha apostillado.
Velasco ha recalcado que ello solo es posible con "la vuelta a un sistema puro" como el que había en 1985 y ha destacado que el 76 por ciento de los países de la Organización de Naciones Unidas tiene la justicia universal.
"La peculiaridad de España es que además de la justicia universal nuestro país tenía una figura que era la acusación popular por medio de la cual personas que directamente no eran agraviadas por el delito podían ejercer la acción popular además del fiscal", ha señalado.
Sin embargo, ha lamentado que con la última modificación de la reforma, de 2014, solo pueden perseguir los delitos de justicia universal el Ministerio Fiscal y el agraviado pero no las asociaciones de derechos humanos.
Ha subrayado que estas "eran las que lo hacían en estas causas tan complicadas porque poder probar un delito que ha ocurrido en El Salvador, Ruanda o Líbano es más difícil desde España y esas asociaciones, que están implantadas en muchos países, ayudaban a los jueces a conseguir pruebas en el extranjero".
"Con la retirada de las acusaciones populares evidentemente se ha restringido enormemente el volumen de causas de justicia universal que tenemos en los juzgados. Yo de hecho solo llevo la de los crímenes contra el padre Ellacuría y los jesuitas en El Salvador. No puedo llevar más por las restricciones que hay", ha concluido.
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