La junta directiva de la Federación Vecinal Objetivos Comunes 'OCO' presentó ayer en el registro municipal un escrito para solicitar al Ayuntamiento la habilitación de una oficina de información municipal que se encargue de identificar de una “manera ágil” la titularidad de aquellos inmuebles ocupados ilegalmente y que están ocasionando problemas derivados de comportamientos incívicos a los vecinos.
La presidenta de OCO, María Cantos, dijo que esta petición se basa en una realidad que afecta “cada vez a más ciudadanos, puesto que, como consecuencia de los procedimientos de embargo y posterior desahucio, las entidades bancarias son propietarias de inmuebles que van en aumento, y que, terminan siendo ocupados de manera ilegal, y en ocasiones los nuevos inquilinos ejercen un comportamiento incívico que pone en peligro la seguridad vecinal.
Según Cantos, los vecinos “se sienten desprotegidos, puesto que las acciones legales sólo pueden ser llevadas a cabo por los propietarios de los inmuebles ocupados”. Con las quejas vecinales, podrían ejercer las acciones legales reservadas para los titulares del inmueble.
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