Después de leer las informaciones publicadas sobre la Operación Edu Costa y, más aún, después de leer con detenimiento la auditoría de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la gestión de los cursos de formación para parados en la provincia de Cádiz por parte del Servicio Andaluz de Empleo, creo que todos deberíamos hacernos una serie de preguntas.
Y no, no me refiero a preguntas sobre el proceso de investigación, ni sobre la evidente falta de control público o los parados que se han podido ver perjudicados, ni sobre las consecuencias o responsabilidades que deben derivarse de todo el entramado, que entiendo cuestiones lógicas, pero para las que ya disponemos de hasta un relato más o menos objetivo con el que manejarnos.
Me refiero a preguntas sobre la sensación que nos deja todo, sobre esta realidad ya sin su cartón piedra, sin sus postizos, como si recobráramos el sentido después de una borrachera. Preguntas del tipo: ¿esto pasa solamente aquí?, o ¿acaso rivalizamos en estandarizar sistemas viciados, en institucionalizar el estilo compare como herramienta agilizadora de la propia administración pública?
Visto así, cualquiera diría que aquí los contratos se firman en la servilleta de un bar, como el de Messi, o se bastan con un choque de manos y un “quedamos en eso”, pero tampoco ayudan a huir de la autoparodia las ocurrencias lapidarias de quien pretende solucionarlo todo con una frase -“que los crujan”- y la ayuda de un gesto contrariado, que se parece mucho al que le ponemos al hijo adolescente cuando trae más de un cate en las notas de junio.
Porque mucho “crujir”, pero parece evidente que primero habrá que poner en orden la casa de uno antes de meterse en la de los demás, y algo así viene a decir el informe de la Intervención General, sin gestos ni ocurrencias, sólo sujeto, verbo y predicado, y algo de colorete para la cara, aunque sea por no pasar vergüenza ajena -es cierto; reparte casi por igual a administración y empresas, pero es esa óptica la que derrumba las teorías del gobierno andaluz de que “esto sólo tiene que ver con empresas, no con la Junta”: con empresas, sí, con la Junta, también; y eso que todavía nadie ha pasado lista por orden alfabético-.
En el fondo, lo que jode a unos y alienta a otros es que todo este debate haya surgido a cinco semanas de las elecciones autonómicas, y que la gestión del dinero público para formar a los parados esté encima de la mesa.
¿Han olvidado ya ustedes cuál era la gran lección que había que aprender para ayudar a reducir el desempleo? Efectivamente: parados mejor formados. El futuro pasaba por ahí; no había otro remedio. Pero, de momento, parece que no ha dado resultado. Será culpa de los parados, o de los interventores de la Junta. El consejero de Justicia parece que es un hombre que tiene bastante clara la segunda de las cuestiones.
Pero, al margen de las consecuencias políticas y administrativas que deberán derivarse de la investigación sobre los cursos de formación, la Operación Edu Costa también ha ayudado a alimentar la estigmatización en que ha terminado por convertirse cualquier tipo de imputación, por mucho que se trate de una figura de protección personal.
De hecho, una buena parte del casi centenar de personas que han pasado por comisaría esta semana para prestar declaración lo ha hecho en calidad de imputado, y eso no tendría por qué colocarles en el centro de ninguna diana, ya procedan del mundo de la política, de la empresa o del bar de la esquina.
Como escribía esta semana Arcadi Espada en El Mundo, “la imputación, que en puridad no es más que el inicio de investigaciones sobre un particular”, se ha convertido en “un arma letal de destrucción política”, aunque yo ampliaría la esfera al ámbito personal, por aquéllos que lo están sin hacerlo bajo unas siglas.
Lo hemos comprobado esta semana en la figura de Pilar Sánchez, rebelada frente al pim-pam-pum de los que disparaban sin preguntar antes siquiera, pero hay y puede haber más ejemplos: ya saben que ante determinadas cuestiones, y sobre todo en política, no cuesta hacer distinciones y la más mínima imputación del contrario se celebra como una victoria propia.
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