Cuando los periódicos se llenan estos días de las tristes noticias sobre el contagio de una profesional sanitaria con el virus del ébola (una que se sepa hasta el momento, aunque empiezan a aparecer más casos) así como de las tarjetas piratas y opacas de cierta entidad bancaria y que han llegado hasta el anterior jefe de la Casa del Rey, yo me quedo para estas líneas con la condena al juez Elpidio José Silva, que como ustedes ya saben, le han caído desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la friolera de 17 años de inhabilitación, algo que acaba con su carrera judicial de por vida. Eso sin tener en cuenta la multa de 6.300 euros y la indemnización de 10.000 al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
No sé si hacer el ejercicio de ponerme en la piel de un juez, aunque si lo intento siento algo de temor al conocer esta sentencia del alto tribunal de Madrid. Con lo que escribo no disculpo la actuación del juez Silva, ya que es misión del juez investigar si hay alguna actuación delictiva, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, con los medios de que dispone como policía jucial, pero no buscar los delitos. Como tampoco condeno al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, pero me malicio en pensar que “haber prevaricado de forma continuada y haber perseguido el único objetivo de encarcelar por motivaciones insólitas (a Miguel Blesa)” está un poco fuera de tono.
Todo esto sucede cuando además se conoce la existencia de las tarjetas opacas, que ha desatado las críticas y airadas reacciones de los líderes políticos de este país. Hasta de Cayo Lara, que ya es noticia el hecho de que piense y actúe coherentemente como los demás.
Que un juez no escatime recursos no debe estar penado, siempre que estos recursos utilizados se ajusten a la ley. Según dictamina el TSJM, “(Elpidio Silva) ha dirigido toda una operación judicial de corte inquisitorial a fin de descubrir cualquier cosa que pudiera imputarse a los señores Blesa o Díaz Ferrán”. ¿Corte inquisitorial? Un poco exagerado, creo… Aunque lo que creo de verdad y firmemente es que tanto Blesa como Díaz Ferrán tenían mucho que ocultar. ¿Es delito, por tanto, instruir de tal forma que se llegue al fondo de un asunto? ¿Deben los jueces tener reparos o fronteras para hacer su trabajo? ¿Es necesario cambiar nuestro ordenamiento jurídico?
Perseguir a este tipo de individuos parece que ahora está penado en este país. Blesa y Díaz Ferrán estarán ahora, donde quiera que anden, frotándose las manos con esta resolución. Así seguiremos siendo lo que somos: un país de corruptos.
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