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Así lo declaró ayer la consejera a los periodistas después de firmar un convenio con la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, para la concesión extraordinaria a Andalucía de 74,2 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Esos 74,2 millones de euros corresponden a Andalucía de un fondo extraordinario de 400 millones para toda España, y Navarro, en el acto público de la firma del convenio, agradeció a la ministra que hubiera considerado el criterio de que, para el reparto, se tuviera en cuenta el número de personas realmente atendidas, lo que en este caso ha pesado en un 20 por ciento del total.
A la pregunta a la ministra de si ese criterio pesará en las futuras partidas, como demanda la Junta de Andalucía, Cabrera respondió que se trata de una ley joven con procesos dispares de desarrollo, como la existencia previa a la ley de infraestructuras en las distintas regiones u otras circunstancias, y que se estudiará su aplicación con carácter general.
La consejera, a preguntas de los periodistas tras la firma, matizó que la Junta no renunciará a que el criterio de que los fondos se distribuyan según el número de personas atendidas en cada región pese cada vez más, hasta demandar el 50 por ciento, en vez del 20 por ciento actual.
Navarro aseguró tajante que las comunidades que no secundan esta propuesta, bien porque la rechazan o porque callan, es porque, realmente, no atienden al número de personas que dicen, y recordó que todos los grupos del Parlamento andaluz apoyaron que el porcentaje relativo a las personas atendidas en cada comunidad aumentara de forma progresiva.
La ministra explicó que los 74,2 millones de euros entregados a la Junta, que permitirán la creación de 6.000 plazas residenciales y de unos 6.800 puestos de trabajo, proceden del fondo extraordinario de 400 millones que el Gobierno concerta con las comunidades autónomas para el desarrollo de la ley.
Sistema sólido de infraestructuras
Cabrera recordó que esos 400 millones de euros proceden de los fondos del Plan E para el Estímulo de la Economía y del Empleo, con la idea de "crear un sistema sólido de infraestructuras en colaboración con las distintas Administraciones".
Las 6.000 plazas de servicios de atención a dependencia que se crearán en Andalucía con estos 74,2 millones extraordinarios serán en residencias de mayores y personas con discapacidad, en servicios de promoción de la autonomía personal, en servicios de ayuda a domicilio y en domicilios particulares.
Sobre las críticas de la portavoz del grupo parlamentario popular andaluz, Esperanza Oña, de haber privatizado los servicios de protección en el caso de las adopciones, Navarro aseguró que "Esperanza Oña sabe perfectamente que lo que ha dicho es absolutamente falso".
En los procesos de adopción, "las valoraciones de idoneidad se venían haciendo por colegios profesionales y las familias pagaban esas valoraciones, y en este momento las valoraciones las hace una empresa que ha participado en un concurso, no tienen ningún costo añadido para las familias y hemos mejorado la prestación del servicio a las familias", añadió.
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