El Gobierno local, ante las manifestaciones públicas realizadas por el PSOE, reitera que la incoación del procedimiento de resolución del contrato de gestión del servicio público de transporte urbano, aprobada en Junta de Gobierno local el pasado lunes, es ajustada a la legalidad vigente.
Según ha explicado el delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, “ya el Pleno en diciembre de 2013 aprobó por unanimidad, y con el apoyo expreso de todos los partidos políticos, resolver esta situación”.
La empresa concesionaria, Urbanos Amarillos, según los informes técnicos, “no ha garantizado que hayan desaparecido las causas que motivaron el secuestro municipal del servicio en mayo de 2012. Un secuestro que sigue en vigor y sobre el que los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento ante la demanda de Urbanos Amarillos al respecto”, ha indicado el delegado.
El procedimiento seguido hasta ahora “es el que se ha considerado más favorable para el interés público, y en él se ha contemplado la posibilidad, como marca la ley, de que la empresa justificara que está en condiciones de volver a gestionar el servicio con normalidad. Si lo hubiera garantizado, se levantaría el secuestro y se le devolvería la gestión del servicio, no habría problema. Pero como no lo ha justificado ni garantizado, se ha incoado el procedimiento de resolución, que se tramitará con todas las garantías para el concesionario, incluido el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano independiente del Ayuntamiento”, ha aclarado Agustín Muñoz.
EL OBJETIVO DE UN SERVICIO DE AUTOBUSES NORMALIZADO
En este sentido, el delegado ha reiterado que “lo que quiere el equipo de gobierno es que el servicio se preste a satisfacción de los ciudadanos, que bastante tuvieron que soportar con la huelga de autobuses. Y para ello da igual que el servicio lo gestione la empresa o el propio Ayuntamiento. Pero si la empresa no garantiza que lo puede hacer, y la ley prevé la disolución, entonces lo mejor para la ciudadanía será la disolución, siempre, por supuesto, que se decida en un procedimiento tramitado por los cauces legales”.
Una vez incoado el procedimiento, se otorga un plazo de 10 días naturales a la empresa concesionaria, Urbanos Amarillos, para que presente formalmente las alegaciones que considere oportuno en el periodo de tiempo denominado “trámite de audiencia”.
El delegado ha destacado que “hemos tomado esta decisión porque el servicio público de autobuses es básico para la ciudad y su normalización es prioridad para este Gobierno y en beneficio de la ciudadanía. Desde el primer momento hemos estado abiertos a la negociación con la empresa para resolver esta situación y estamos intentando llegar a un acuerdo, la negociación aún es posible”.
El servicio de autobuses urbanos se encuentra desde el 7 de mayo de 2012 bajo intervención municipal bajo la figura del “secuestro”. Desde entonces, “el servicio ha experimentado una mejoría más que notable, se ha normalizado y estabilizado. Se han logrado superar los 4 millones de usuarios, se ha creado una nueva red de líneas con el mayor consenso ciudadano, la participación de la plantilla de trabajadores, y con la aprobación de la Mesa de Movilidad, se han incorporado a la flota 30 vehículos y se conseguido evitar la conflictividad laboral que era una constante desde que Urbanos Amarillos se hizo con la concesión del servicio”, ha resumido Muñoz.
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