En un plazo aproximado de dos meses entrará en vigor el decreto del Registro de Turismo de Andalucía, que obligará a inscribirse a aquellos alojamientos que no lo estén para no ser considerados por los servicios de inspección como oferta clandestina.
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha afirmado en Málaga, durante la constitución de la primera de las mesas provinciales para luchar contra la clandestinidad y la competencia desleal en el sector, que aquellas empresas que publiciten su actividad deberán incorporar obligatoriamente su número de afiliación al Registro de Turismo andaluz; de lo contrario, "se entenderá como oferta clandestina".
El objetivo central de esta medida es "facilitar el afloramiento de actividades que se desarrollan en el marco de la alegalidad", ha precisado a los periodistas, y ha añadido que con las mesas provinciales se quiere "coordinar la actividad inspectora para que la economía sumergida no siga proliferando en la oferta turística andaluza".
En esta mesa hay representantes de las instituciones --Gobierno central, Junta de Andalucía y ayuntamientos--, así como agentes sociales. En la próxima reunión, ya operativa y que tendrá que convocar la Subdelegación del Gobierno en Málaga en un plazo de un mes aproximadamente, se incorporarán representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y de las inspecciones de Trabajo, Hacienda y Turismo.
Rodríguez ha recordado que, actualmente, más del 20 por ciento de la oferta turística podría ser considerada clandestina, es decir, que se realiza contraviniendo la legislación vigente y que, por tanto, es competencia desleal; o alegal, que "lleva a cabo una actividad que no está ni prohibida ni aprobada".
Por otro lado, pero también en la misma línea de lucha contra la competencia desleal, ha informado de que probablemente a finales de verano o principios de otoño se apruebe el decreto que regula las viviendas de uso turístico para legalizar actividades como los alquileres de habitaciones con derecho a desayuno que hasta ahora "se oferta en condiciones de alegalidad y queremos darle cobertura jurídica" para que, según Rodríguez, aflore y ayude a incrementar la calidad del destino.
"REGULAR NO SIGNIFICA CASTIGAR"
Estas dos medidas, ha insistido, no tienen un afán recaudatorio. "Regular no significa castigar sino legalizar. Nuestro objetivo fundamental no es levantar acta de infracción ni establecer sanciones que puedan generar una recaudación, sino que aflore toda la actividad que está en la clandestinidad", ha apostillado, añadiendo que el fin último es mejorar la competencia y la calidad del producto turístico.
"Regularizar la situación no le va a generar ni un céntimo de coste adicional, pero se garantiza que se está en el mercado en condiciones de legalidad y que se cumplan una serie de compromisos con el usuario", ha reiterado.
El consejero ha incidido en la importancia de dar habilitación legal a las actividades turísticas que se estén desarrollando sin una cobertura jurídica. Y es que, según ha matizado, cuando se habla de clandestinidad o economía sumergida significa que es una actividad "al margen de la fiscalidad y que no contribuye a la Hacienda pública, que es insolidaria, además de ilegal".
A ello se suma una precariedad en las condiciones laborales de los trabajadores, una pérdida de derechos de los consumidores y una merma de la calidad turística, "que para Andalucía es algo inaceptable".
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