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Andalucía

La aspirante a la Alcaldía de Alcaucín afirma que devolverá la confianza en el Ayuntamiento

María Victoria Luque, aspirante a la Alcaldía de Alcaucín (Málaga) en sustitución de José Manuel Martín, en prisión tras la operación ?Arcos? contra la corrupción urbanística, señaló ayer que su principal objetivo es "trabajar para devolver a los ciudadanos la confianza en el Ayuntamiento".

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María Victoria Luque, aspirante a la Alcaldía de Alcaucín (Málaga) en sustitución de José Manuel Martín, en prisión tras la operación ‘Arcos’ contra la corrupción urbanística, señaló ayer que su principal objetivo es "trabajar para devolver a los ciudadanos la confianza en el Ayuntamiento". 


En declaraciones a Efe, Luque explicó que ha aceptado la propuesta de su partido para asumir la Alcaldía "con satisfacción" y que se siente "feliz y arropada por sus compañeros". 


Luque, de 37 años y que en la actualidad dirige las áreas municipales de Educación y Barriadas, declaró que afronta esta nueva etapa "con mucho ánimo" y con el deseo "de que Alcaucín salga adelante, algo que vamos a conseguir con el apoyo de todos mis compañeros". 


Mientras, en el ámbito urbanístico, el consejero de Vivienda y Territorio, Juan Espadas, aclaró ayer que jueces o fiscales han pedido a la Junta 62 informes ya remitidos sobre diligencias de casos urbanísticos en la comarca malagueña de la Axarquía, 14 de ellos de Cómpeta, y de ellas "es previsible que haya citaciones por esos jueces a declarar y de ello las responsabilidades que se estimen". 


Preguntado por la posibilidad de que operaciones judiciales como la desarrollada en Alcaucín se repitan en la comarca, explicó que hay diligencias de investigación abiertas en los juzgados "y es posible que de algunas se deriven, si así lo entienden los jueces, determinadas responsabilidades", al tiempo que recuerda una actuación que se refiere a dos o tres licencias otorgadas en 2000 o 2001 a un alcalde. 


El Gobierno andaluz ha tramitado 1.402 denuncias urbanísticas en la Axarquía desde 1997, de ellas 893 hasta 2005 y las 509 restantes desde septiembre de 2005 hasta ahora, según Espadas, que destaca que se ha producido casi una "caída o parálisis" entre 2008 y lo que va de este año. 


Por otra parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, destacó ayer la "pulcritud" con la que la Junta actuó en 2006 al archivar una denuncia relacionada con presuntas irregularidades urbanísticas, que actualmente están siendo investigadas en el marco de la Operación Arcos, en el municipio malagueño de Alcaucín al creer cierto un informe elaborado por el jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación provincial de Málaga, José Francisco Mora, ahora en prisión. 


Frente a estas declaraciones, el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, aseguró ayer que esta denuncia "no tenía el sello de registro de salida de Diputación" y volvió a negar que exista relación entre el ente supramunicipal y la Operación Arcos. 


Chaves le pide a Arenas que guarde un "silencio digno"


En cuanto al ámbito político, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha advertido al presidente del PP-A, Javier Arenas, de que "mientras no resuelva sus problemas de presunta corrupción", como los casos de Alhaurín el Grande o La Línea de la Concepción, debería "guardar un silencio digno, ya que carece de credibilidad", mientras rechazó la posibilidad de crear una comisión parlamentaria permanente para controlar el urbanismo. 


En una entrevista concedida a Europa Press, Chaves quiso dejar claro que una cosa son los delitos urbanísticos, sobre los que está actuando la Junta con diferentes impugnaciones, y otra cosa son los delitos de cohecho, prevaricación o tráfico de influencia, como el caso de Alcaucín. 


En este sentido, el presidente de la Junta, que resaltó que la "presunta corrupción es ya un problema estructural dentro del PP que le afecta a la columna vertebral", lamentó el comportamiento del PP-A a la hora de abordar estos casos, ya que en su líder Javier Arenas existe "mucho cinismo e hipocresía". 


Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, acusó ayer al Gobierno andaluz y al PSOE de haber querido "tapar sus vergüenzas y su responsabilidad" en el caso de Alcaucín, ya que existen documentos que "acreditan" que hubo "dejación" de sus funciones en el control urbanístico. 


Mientras, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, consideró que el nombre de Andalucía no lo dañan las comisiones en el Parlamento andaluz, como piensa Chaves, sino los presuntos casos de corrupción urbanística.

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