La Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) ha mostrado su rechazo a la modificación propuesta por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la orden que regula la concertación con centros de atención especializada para los sectores de personas mayores y personas con discapacidad.
Según un comunicado de la organización, esta nueva orden "supondría una modificación unilateral de los conciertos y contratos que en este momento tienen suscritos los centros y servicios de atención a personas con discapacidad", lo que, a su juicio, supone "cambiar el sistema de financiación previamente establecido, disminuyendo de forma neta la aportación que realiza la administración autonómica".
Dicha modificación permitiría a las residencias bajar la ratio de residentes autorizados en función de la población, Andalucía cuenta sólo 2,8 plazas por cada mil habitantes cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 5,8. Además, la Junta dejaría de hacerse cargo de los pagos de las plazas de aquellas personas que permanezcan fuera de los centros más de cuatro días o estén hospitalizadas, si bien esa vacante seguiría reservada.
En opinión de Feaps, la modificación supone dejar "sin financiación un servicio que, pese a que la desocupación sea temporal, ha de seguir prestándose por el centro", además de "suprimir la actualización anual reglamentaria, de los costes de plazas, en función de las modificaciones experimentadas en el índice de precios al consumo del año anterior".
Finalmente, la organización defiende la orden vigente, que data del 30 de agosto de 1996, porque "ha permitido la contratación y facilitado la colaboración de la administración andaluza y de nuestras entidades sin ánimo de lucro".
PATRONALES DE RESIDENCIAS PIDEN A DÍAZ QUE PARALICE EL NUEVO DECRETO
Este pronunciamiento de Feaps se produce después de que distintas patronales de residencias de mayores hayan solicitado por escrito a la consejera de la Presidencia e Igualdad y futura presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no aplique el proyecto de orden que ha iniciado el departamento que dirige María Jesús Montero, ya que con ello se "menoscabará la prestación de los servicios públicos esenciales".
Según explicó a Europa Press el presidente de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores en Andalucía, José Olmedo, con la modificación de la orden el sector perdería "unos 2.000 puestos de trabajo" en Andalucía, lo que además supondría grandes costes para las pymes porque "la mayoría de los empleados están indefinidos, y si tenemos que ponerlos en la calle porque hay menos ocupación y cuando esta suba volver a contratarlos nos costaría el collar más que el perro".
Asimismo, Olmo destacó que hay más de 2.800 plazas sin ocupar a pesar de que la lista de espera para acceder a una plaza subvencionada por la Junta asciende a más de 40.000 personas, según los datos aportados por las patronales.
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