La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta, María Jesús Montero, ha subrayado este miércoles, tras la denuncia del Ayuntamiento de Sevilla por los fondos para la Ley de Dependencia, que el descenso de la aportación estatal a la financiación de la ley causa un retraso en la incorporación de nuevos dependientes al sistema y un retraso en los pagos por la dificultad de liquidez.
En declaraciones a los periodistas antes de participar en el curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos 'Presente y Futuro de la Sanidad', en Aranjuez (Madrid), la consejera ha dicho no conocer con exactitud los términos en los que el consistorio hispalense ha planteado la denuncia pero ha recordado al Ayuntamiento que "la Junta hace un esfuerzo titánico por el sostenimiento de la Dependencia para no quitar prestaciones a los ciudadanos incorporados al sistema.
En esa línea, ha defendido que en solo dos años, el Gobierno del PP ha dejado de aportar a Andalucía más de 200 millones de euros para los dependientes que están ya en el sistema, una cuantía que ha tenido que ser "compensada por la Junta de Andalucía", lo que conlleva "un retraso en la nueva incorporación de dependientes, que va a más lenta de lo que hacíamos hace escasamente un año, y un retraso en los pagos por la dificultad de liquidez".
En cualquier caso, ha dicho que, "para ser justos", el Ayuntamiento de Sevilla debería explicar a los ciudadanos que el Gobierno "se ha ido retirando" de la financiación de la Ley de Dependencia, ya que si en el inicio cada administración aportaba el 50 por ciento de los recursos, "ahora la Junta aporta el 75 por ciento y Gobierno no llega al 25 por ciento", ha concluido.
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