El Ayuntamiento de San Fernando suscribirá su adhesión al convenio Fondo Social de Viviendas, con la que el equipo de Gobierno que preside José Loaiza pretende facilitar el acceso a una vivienda a las familias isleñas que se han visto afectadas por desahucios. La Junta de Gobierno Local se va a encargar de aprobar dicha adhesión en su convocatoria de mañana viernes. La adhesión del Consistorio isleño se suma a los más de 200 Ayuntamientos de toda España que ya se han sumado a la propuesta del Gobierno central.
Una vez ratificada la adhesión del Consistorio isleño a esta iniciativa, serán los Servicios Sociales municipales los encargados de prestar asesoría a las personas que requieran información sobre el procedimiento para solicitar una vivienda de estos fondos sociales, siendo igualmente los encargados de emitir el informe sobre necesidad o riesgo social de los solicitantes a petición de la entidad de crédito con el objetivo de otorgar un orden de prioridad en la adjudicación de las viviendas.
Propuesta nacional
El pasado 17 de diciembre de 2012 fue firmado el convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas, al que se sumará ahora el Ayuntamiento de San Fernando, por parte de los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fomento, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector, las patronales bancarias y 33 entidades de crédito, dándose así cumplimiento en su encomienda a la encomienda al Gobierno incluida en el Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
Cada entidad de crédito adherida constituirá su propio fondo con un número inicial de viviendas que podrá ampliarse. Tienen acceso a las mismas personas que han sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad social. Las familias deben cumplir otros requisitos como que ningún miembro del núcleo tenga vivienda en propiedad, que el conjunto de sus ingresos no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). El precio fijado para los alquileres oscila entre los 150 y 400 euros.
“Nos unimos a más de 200 ayuntamientos de España para ayudar a personas que han sido desahuciadas, que podrán dirigirse a los Servicios Sociales para solicitarlo. Las medidas del Gobierno de Rajoy, como la suspensión de los desahucios durante dos años a personas en situación de emergencia social, están encaminadas a ayudar a las personas y no a hacer demagogia y sectarismo como están haciendo otros”, afirmó Loaiza.
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