Empleados de la Administración de Justicia, convocados por la Plataforma Sindical 'Justicia para todos', se manifestaron ayer ante el Palacio de Justicia de la capital para defender que “la Justicia debe mantenerse como un servicio público, al igual que los registros civiles, que no pueden privatizarse ni cerrarse por las tardes”, tal y como dijo Roberto Vázquez, portavoz de la Plataforma.
“Estamos en contra de la Ley de Tasas y de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que supone la supresión de los derechos laborales. Defendemos el empleo público y con estas medidas se van a perder puestos de trabajo”.
Roberto Vázquez recordó que el Estado ha gastado 180 millones de euros en la digitalización de los registros civiles y que son los funcionarios los que conocen el funcionamiento, no los registradores de la propiedad”, para los que pasarán las competencias en caso de que se privaticen.
“A la Ley de Tasas, que establece la eliminación de la tutela judicial efectiva, se une la privatización del Registro Civil que supone la supresión de un derecho constitucional porque, a partir de su aprobación, el Gobierno opta por entregar derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores a intereses privados de grupos afines, ya que los máximos responsables de la dirección de Registros y del Notariado son registradores, así como el mismo presidente del Gobierno”, dijeron en la concentración miembros de la Plataforma Sindical ‘Justicia para todos’.
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